■ Aprueban reforma al 73 constitucional
El Congreso, facultado para expedir ley general de secuestro
La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma al artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de secuestro, en la cual se homologuen en el país el tipo penal y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre el gobierno federal, los de los estados y municipios para combatir ese delito.
Como parte de la negociación legislativa, se incluyó una modificación en los considerandos del dictamen para asentar que la retención de personas no será equiparable al secuestro, con lo cual se pretende evitar la criminalización de las luchas sociales, lo cual beneficiará a quienes hoy están presos por esa causa.
También sin modificaciones, el pleno aprobó por 314 votos en favor y cuatro en contra la minuta del Senado que reforma los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal; las leyes federales contra la Delincuencia Organizada, de las Normas Mínimas sobre Readaptación Social, de la Policía Federal Preventiva, Orgánica de la PGR, de Responsabilidades Administrativas y de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Con estas reformas se redefinen las facultades de la policía, se amplían los alcances legales del Ministerio Público y se homologan sanciones y responsabilidades de funcionarios, con objeto de contar con más elementos para combatir a la delincuencia organizada.
Al explicar en tribuna el alcance de la reforma al artículo 73 constitucional, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, dijo que si bien el secuestro “se ha convertido en uno de los flagelos que más duramente ha pegado a la estabilidad, a la paz, a la convivencia y ha enlutado muchos hogares, lamentablemente la dispersión jurídica ha generado una deficiencia policiaca y, eventualmente, judicial”.
Por eso se buscó que los tres ámbitos de gobierno asuman una responsabilidad política idéntica ante la sociedad y “puedan generar sinergia, no sólo normativa sino operativa-práctica, para dar mejores resultados” en la persecución de quienes cometen la privación ilegal de la libertad con fines de lucro.
Hoy, refirió, esa dispersión legal permite la existencia de 33 tipos penales en los 31 estados, el Distrito Federal y en el ámbito federal y, por tanto, una gran variedad de sanciones.
“La diferente manera de acometer la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes, ha generado ventajas sólo para los secuestradores, de suerte que estamos impelidos a trabajar juntos, pero también inteligentemente, a articular la acción de los ámbitos de gobierno y generar una respuesta, que no es la única, pero es la primera a una demanda social inaplazable”, expuso.
El dictamen, que fue aprobado por 351 votos en favor y dos en contra, señala que se busca contribuir con un marco jurídico sólido, uniforme, integral y eficiente, que permitirá un mejor desempeño y una actuación más eficaz de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
No obstante, la diputada perredista Aleida Alavez evaluó que la solución al problema del secuestro y de la delincuencia organizada no está en homologar el tipo penal en todo el país, sino en la prevención, disminución y erradicación de esos delitos, y que ataque las causas que la originan, “y no más cárceles o sanciones”.
Mientras, el diputado de Nueva Alianza Jacinto Gómez resaltó que el secuestro no sólo atenta contra la vida, la libertad y la dignidad de la víctima, sino que destruye y lastima a familias, crea incertidumbre y rompe la cohesión social. Constituye, agregó, uno de los peores males que afectan a la sociedad.