Caso Mouriño: buscan suspender a funcionarios
La Secretaría de la Función Pública (SFP) analiza la posibilidad de suspender a los principales funcionarios que elaboraron y autorizaron la licitación del contrato para el servicio y mantenimiento del Learjet 45 siniestrado el pasado 4 de noviembre.
Lo anterior forma parte de la investigación que realiza la SFP en la Secretaría de Gobernación (SG) para deslindar responsabilidades y revelar eventuales situaciones irregulares durante el proceso en el que se adjudicó la licitación a la empresa Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva, cuyo contrato estuvo vigente desde la primera quincena de 2007.
Abel Cuevas, oficial mayor de Gobernación, dijo que la indagatoria se realiza de manera amplia y profunda y que para ello esta dependencia ha cooperado con todos los requerimientos que ha pedido la SFP.
Carlos Juraidini, director de Adquisiciones e Inventarios de la SG al momento en que se diseñaron las bases de licitación del Learjet 45, continúa en funciones, no así el antiguo titular de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien fue relevado desde marzo pasado. En su lugar se designó a Roberto Martínez.
–¿Tendrían que pedir licencia los funcionarios involucrados, especialmente el responsable de adquisiciones, para que continuara la investigación de manera imparcial?
–Estamos revisando esta situación y, sobre todo, el órgano interno de control está determinando no la figura de licencia, sino de suspensión.
–¿Sería conveniente que se retiraran (Juraidini y otros)?
–Me reservo cualquier opinión al respecto; la SFP es la que debe determinarlo. El secretario de la Función Pública está trabajando en eso.
Gobernación continúa negociando con la aseguradora para que los deudos, heridos y demás afectados por el desplome de la aeronave reciban la indemnización correspondiente. El oficial mayor Abel Cuevas aseguró que esta gestión tiene “muy buenos avances”.
Según el funcionario, a la compañía aseguradora le corresponde, de acuerdo con la póliza, cubrir todos los daños de responsabilidad civil, así como afectaciones a edificios e instalaciones urbanas, como el cableado del alumbrado público.
Los deudos deberán mostrar documentos que los avalen como beneficiarios de la indemnización. Y, en su caso, otros requisitos que deriven del contenido de la póliza.