■ Cuestiona favoritismo para panistas
Exigirá la CCC pronta entrega de fondos al agro
El dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa Hernández, aceptó la propuesta del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, de sostener un diálogo para tratar los diversos asuntos del campo, entre ellos la modificación a las reglas de operación y la producción de alimentos.
Puntualizó que la agrupación campesina no está de acuerdo en que los programas gubernamentales sean utilizados para favorecer al PAN, e hizo un llamado a otras organizaciones agrarias para evitar que los recursos destinados al sector sean utilizados con fines político-electorales y exigir que sean entregados en el primer trimestre del próximo año.
Asentó que los delegados de Sagarpa, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Desarrollo Social son “distinguidos militantes del PAN y ya están operando con organizaciones afines a ese instituto político con los programas enfocados al medio rural ante la cercanía del proceso electoral del próximo año”.
En conferencia de prensa, Correa Hernández aseveró que en el 20 congreso nacional extraordinario de la CCC se acordó mantener el diálogo con el gobierno, sin que ello signifique bajar la exigencia de un trato igualitario, ya que a las organizaciones afines al PAN se les otorgan los recursos de los programas, mientras que a “quienes no somos afines al albiazul nos ponen más requisitos y obstáculos para acceder a los recursos. Los campesinos afiliados a la CCC siguen esperando recursos del Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa) y del Fondo Nacional de Empresas Sociales”, dijo.
Sostuvo que en enero diversas organizaciones campesinas exigirán al gobierno acciones para evitar la creciente dependencia alimentaria, y recordó que se importa 72 por ciento de la demanda interna de arroz; 55 de trigo; 95 de soya; 22 de cebada; 33 de maíz y 55 por ciento de algodón, situación a la que se suma la pérdida de empleo y el aumento de 1.5 millones de personas del sector rural que, se estima, quedarán desempleadas.