Aniversarios de derechos humanos
El pasado miércoles se conmemoró el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Dada la claudicación de los estados en cumplir con honestidad, o en desarrollar con congruencia esos altos anhelos en los actuales momentos azarosos de la humanidad, felizmente para la sociedad se celebró el día anterior el décimo aniversario de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, que coloquialmente conocemos como la Declaración de Defensoras y Defensores, aprobada también por el gobierno de México.
Ocasión propicia para hacer un balance de la situación que guarda este derecho en el país, y para renovar, a pesar de los obstáculos, el compromiso político por su libre ejercicio.
Con tal motivo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizó el día anterior a esa fecha un acto en el que se reconoció la trayectoria de varios representantes de organismos de la sociedad civil, varones y mujeres, que desde hace lustros vienen sembrando de distintas maneras y entre diferentes sectores la semilla de la cultura de los derechos humanos, y en el que entre otras cosas se exigió a las autoridades que no sigan criminalizando en los hechos la defensa de los derechos humanos, y mucho menos pretendan seguir calificándola legalmente como delito, sino que por el contrario cumplan con su obligación de reconocerla y protegerla con leyes, políticas y medidas administrativas acordes con esa declaración.
Al día siguiente la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) realizó también otro acto, en el que igualmente reconoció a otros tres defensores y una defensora de derechos humanos que participaron en la fundación de sus respectivas organizaciones y en la constitución de la red, y que a la fecha siguen trabajando por su vigencia. Durante el mismo emitió una declaración, en la que con tres casos recientes ilustra que la labor que realizan en México los defensores y defensoras de derechos humanos es una tarea de alto riesgo. Y de manera sintética afirma que los principales obstáculos a los que se enfrentan en la práctica son la falta de reconocimiento de sus actividades por parte de las autoridades y la impunidad que impera en nuestro país. A los que se suma la ausencia de acciones que conduzcan a una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos, cuya carencia afecta sobre todo a las personas más pobres de nuestra sociedad.
Exhorta, por ello, a los tres niveles de gobierno del Estado mexicano a abandonar de una vez por todas la retórica que en algunas ocasiones emplean para supuestamente respetar los derechos humanos, y por el contrario realizar acciones claras y de largo plazo para lograr una cultura de pleno respeto a todos los derechos humanos. En congruencia con ello, los llama de nueva cuenta a abandonar la política de criminalización que se ha impuesto en el país y, por el contrario, escuchar las demandas de toda la sociedad, y abrir los caminos de la consulta y la participación social para transformar a México en beneficio de todas y todos.
“Un Estado débil como el nuestro –advierte–, si continúa negándose a enraizar los derechos humanos en nuestras autoridades y en nuestra sociedad, corre el riesgo de convertirse en un ‘Estado fallido’, lo cual debemos evitar (...) Nuestro país necesita –añade– un gobierno que ponga en primer plano los derechos humanos, por encima de intereses económicos.”
En su declaración la Red TDT aprovecha para pronunciarse de nueva cuenta contra la absurda restauración de la pena de muerte, a la que con razón califica como una respuesta “populista” de los políticos que sólo quieren sacar ventajas de nuestros problemas y no darles soluciones reales y adecuadas, y cuyo único fin es promover el miedo social y generar la demanda de acciones autoritarias y contrarias a los derechos humanos.
La Declaración de Defensoras y Defensores tiene en efecto como fundamento la obligación de todo Estado de la comunidad internacional de promover y fomentar el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos, sin ningún tipo de discriminación. Les pide por ello que tomen “todas las medidas necesarias” (legales, políticas, administrativas) para proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos contra ataques o cualquier acción contraria que los prevenga de ejercer sus derechos, cosa que hasta el momento no sucede en México. Y los define no tanto por su estatus jurídico o el cargo que desempeñan, sino por sus actividades en defender y promover los derechos humanos, por lo que numerosos actores públicos o privados que verdaderamente realicen esas tareas, sean de la condición que sean, son considerados como tales.
Para el ejercicio efectivo de este derecho, la declaración pide además que el Estado proteja otros derechos y garantice otras libertades fundamentales, como el derecho a la libre asociación, la libertad de expresión, el derecho a la protesta social pacífica, el derecho a la información y el derecho a participar en la gestión de asuntos públicos relacionados con derechos humanos.