Usted está aquí: domingo 14 de diciembre de 2008 Economía Bancos y autoridades esconden cifras sobre la cartera vencida: Ramírez Cuéllar

■ El dirigente de El Barzón señala que falta incluir la mora en el agro y diversas industrias

Bancos y autoridades esconden cifras sobre la cartera vencida: Ramírez Cuéllar

■ Considera que existen cerca de 4 millones 600 mil casos en suspensión de pagos

Susana González G.

Autoridades, bancos y otros intermediarios financieros esconden o maquillan las cifras sobre el incremento en la cartera vencida que padecen distintos sectores productivos, misma que por monto y número de afectados es mayor y más grave que la correspondiente a los deudores de tarjetas de crédito, advirtió Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente del movimiento social El Barzón.

A la mora en el crédito al consumo que se ha difundido últimamente, dijo, falta agregar la cartera vencida del sector agropecuario, la de industrias, empresas o comercios de todo tamaño y giro, así como la correspondiente a los créditos hipotecarios que otorgan otros actores del sistema financiero diferente a los bancos y también instituciones de apoyo a la vivienda del gobierno federal.

“Están escondiendo a cuánto asciende la cartera vencida en total. Los bancos hablan de 1.7 millones de usuarios afectados en tarjetas de crédito, pero es una cifra conservadora. Con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) nosotros calculamos que más de 3 millones de tarjetas de crédito tienen problemas de morosidad. Pero hay aproximadamente otro millón de créditos hipotecarios y 600 mil más otorgados para actividades agropecuarias y empresariales”, señaló Ramírez Cuéllar.

Recordó que además de los bancos, la expansión del crédito para la compra de autos, viviendas o para el comercio se dio también a través de las llamadas sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) y de objeto múltiple (Sofomes), algunas de ellas creadas por los propios bancos pero que no cumplen con los mismos requisitos de regulación que éstos.

Del crédito hipotecario, dijo, también hace falta que el gobierno informe sobre la totalidad de casos acumulados en instituciones como Infonavit y Fovissste que ya cayeron en cartera vencida y sostuvo que se ha ocultado que los bancos pequeños, creados a partir del boom del crédito y creados por tiendas o supermercados, prácticamente están en quiebra porque enfrentan problemas de morosidad en más del 45 por ciento de su cartera.

La morosidad en los diferentes tipos de crédito “se está volviendo un problema explosivo, una crisis generalizada de cartera vencida” y advirtió que puede estallar en el primer mes de 2009, con la cuesta de enero y una vez que termine el ciclo agrícola, cuando quede al descubierto que no existen condiciones de pago por parte los campesinos y productores agrícolas.

Ramírez Cuéllar fue entrevistado en la víspera de la primera reunión binacional México-Estados Unidos de deudores de crédito hipotecario y de tarjetas de crédito que El Barzón organizó este sábado en la ciudad de Chihuahua, y cuya finalidad es conjuntar acciones que obliguen a los gobiernos de ambos países a “voltear los ojos hacia los deudores hipotecarios, de tarjetas de crédito y de micro y pequeñas empresas”.

“El gobierno está repitiendo el mismo error de la crisis de 1994 al no atender con prontitud a familias y pequeñas y medianas empresas mexicanas que tienen problemas de morosidad. Esto está generando una bola de nieve porque la suspensión de pagos por parte de los afectados generará escasez de liquidez para las empresas o instituciones acreedoras, ocasionará un problema sistémico y una contaminación en cadena”, señaló el dirigente de El Barzón.

Criticó que pese a todas las evidencias sobre la creciente morosidad, el gobierno de Felipe Calderón sólo instrumente programas de rescate para las grandes empresas con problemas de liquidez, sin importar que algunas de ellas hayan participado en actividades especulativas en la compra de derivados o hayan actuado con irresponsabilidad en la colocación de créditos entre personas o empresas que no tenían capacidad de pago.

 
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