Magistrados ponen trabas a la transparencia
La principal objeción que los magistrados federales ponen al uso de cámaras con las que se grabarán en 2009 las sesiones de los tribunales colegiados –órganos jurisdiccionales que en la práctica se han convertido en una especie de “minicortes”– es que con la apertura pública de las discusiones entre autoridades judiciales quedarán en evidencia las actitudes, comportamientos, deficiencias profesionales y perfiles sicológicos de cada juzgador.
Magistrados consultados sobre este tema revelaron a La Jornada, previo compromiso de no publicar sus nombres, que hay preocupación generalizada en los impartidores de justicia ante la obligación que se avecina de grabar las sesiones privadas.
Esto porque muchos carecen de dotes de oratoria, otros asumen actitudes machistas con sus compañeras magistradas, unos más son autoritarios y déspotas con sus pares, mientras en muchos tribunales acostumbran no discutir los asuntos litigiosos de manera verbal y las autoridades judiciales sólo revisan los proyectos de resolución para luego emitir un resolutivo final, en su mayoría por consenso.
Otro aspecto que causa preocupación en los juzgadores inconformes con esta iniciativa del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, es que el Consejo de la Judicatura Federal pueda ordenar un registro mensual de grabaciones, las cuales podrían servir para tender un cerco informativo sobre el desempeño jurisdiccional y mantener vigilancia extrema sobre la labor de los jueces, en lo que sería una especie de Big Brother judicial.
Hace dos semanas, durante un encuentro nacional de impartidores de justicia federales efectuado en Monterrey, Nuevo León, Ortiz Mayagoitia exhortó a sus subordinados a dar “un voto de confianza” a esta nueva medida de transparencia judicial, que implica la grabación en video de sesiones de los tribunales colegiados, y les aseguró que de ninguna manera será una forma de espionaje en contra de los juzgadores.
Los tribunales colegiados de circuito en diversas materias que operan en el país están integrados por tres impartidores de justicia que previamente fueron jueces de distrito. Tienen en sus manos el destino final lo mismo de juicios millonarios promovidos por empresas o el fisco, que la libertad o los bienes de una persona.
Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron reformas a las leyes de Amparo y Orgánica del Poder Judicial, a partir de las cuales se hará obligatoria la grabación y difusión de sesiones ordinarias de los tribunales colegiados.