Ombudsman de Yucatán se niega a dejar el cargo
Mérida, Yuc., 14 de diciembre. Indiferente ante la presión de agrupaciones sociales que demandan su inmediata renuncia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Jorge Victoria Maldonado, rindió su informe anual, en el que descató que las 3 mil 524 solicitudes recibidas durante 2008 derivaron en 454 quejas y éstas en 17 recomendaciones.
La gestión del ombudsman estatal provocó en noviembre pasado la renuncia de los consejeros ciudadanos Olga Moguel, Guillermo Alonzo y Alejandro Seguí, quienes dijeron estar cansados de que el funcionario no los consultara, sino simplemente los usara de “comparsa”.
Jorge Victoria también ha sido cuestionado por 21 organizaciones no gubernamentales debido a la “tibieza” de sus recomendaciones, y también lo responsabilizan del burocratismo y “corrupción generalizada” que campean en la Codhey.
Sin embargo, el ombudsman sostuvo que no renunciará; negó las acusaciones en su contra y durante su informe dijo que la Codhey concluyó este año los mil 38 expedientes recibidos de la gestión anterior. Sobre las 454 quejas recibidas, refirió que 263 están en proceso y 191 fueron concluidas. También hubo 17 recomendaciones, la mayoría dirigidas a la Procuraduría General de Justicia estatal, otras a la penitenciaría local y a los alcaldes de Mérida, Ticul y Oxkutzcab.
La mayoría de los casos se refieren a violaciones a los derechos a la integridad y la seguridad personal (151 casos) y el resto a libertad personal, prestación indebida del servicio público, legalidad y seguridad jurídica, detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas, allanamiento de morada e intimidación.
Al término del informe, Victoria Maldonado dijo estar “abierto al diálogo” con sus críticos y oponentes, e insistió en que sólo el Congreso del estado puede quitarlo del cargo.
El hoy ombudsman coordinaba el departamento jurídico de la Codhey cuando sustituyó a Sergio Salazar Vadillo en julio de 2006, e inició su gestión de cuatro años en medio de la crisis económica en el organismo y de una ríspida relación con el entonces gobernador, el panista Patricio Patrón Laviada.