Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador

Un paso adelante

A fines de octubre, la asamblea extraordinaria de la Confederación de nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, que reunió en Tena, provincia de Napo,  a 300 delegados de 14 nacionalidades, 18 pueblos y a las organizaciones regionales filiales de Conaie (Ecuarunari, Canaice y Confenaie), resolvió “demandar al presidente de la república y a sus ministros por hechos asociables al genocidio contra los pueblos libres de Tagaeri y Taromenane, suscitados en el área de su territorio ancestral y continuar con los procedimientos legales en el Sistema Interamericano”. Esta demanda queda acompañada por la denuncia de violaciones de los derechos fundamentales de las nacionalidades y pueblos del Ecuador “a consecuencia de las políticas económicas y extractivistas que ponen en peligro la continuidad de nuestras poblaciones”.

Lo interesante es que tras esta demanda y en apego al “marco jurídico del Estado plurinacional vigente, la Conaie se constituye en el gobierno de las nacionalidades y pueblos Indígenas de Ecuador”, gobierno conformado por Consejos de Gobiernos Regionales junto con Confenaie, Ecuarunari y Conaice, “y un parlamento integrado por los presidentes de cada nacionalidad y pueblo”.  

Otro punto interesante es el de “desautorizar a Pachakutik en las acciones inconsultas”, toda vez que Pachakutik fue hasta hace poco un instrumento occidental (un partido político) que se suponía insertaría a los pueblos y nacionalidades en el sistema político y su clase asociada. Con este resolutivo Pachakutik debe ahora “contar con plena participación y autorización de las nacionalidades y pueblos indígenas para las decisiones de interés general y nacional”.

El punto número 6 de su declaración es digno de comentario: “Convocar a la unidad nacional a todos los sectores sociales” para instalar una Asamblea de los Pueblos que “fiscalice el trabajo de la Comisión de Legislación y el Ejecutivo”.

Los puntos 8 y 9 también se dirigen a impulsar ese autogobierno de facto que le toma la palabra a los marcos legislativos abiertos por la nueva Constitución y así la Conaie exige al gobierno nacional: “respeto a las organizaciones de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, como también a sus dirigentes, ya que como ecuatorianos gozamos de las garantías constitucionales como el resto de ciudadanos”. Su exigencia se precisa en el inciso 9 al exigir también: “respeto a la institucionalidad de las instituciones públicas de las nacionalidades y pueblos, con autonomía y financiamiento correspondientes, las mismas que son creadas mediante Ley Orgánica por el Congreso Nacional, en 2007”.

En realidad, todo lo anterior prepara para los puntos más profundamente transformadores, de ser aprobados: rechazar el modelo extractivista (que tiene al país sumido en la lucha contra las mineras y las petroleras), descriminalizar la protesta social y ponerle alto a la persecución de quienes justamente luchan contra ese modelo en sus regiones, rechazar el proyecto de Eje Multimodal Manta-Manaos (que cruzaría prácticamente toda la Amazonia), declarar persona non grata a la embajadora estadunidense en Ecuador por los informes que señalan “el aterrizaje en nuestro país de un avión [estadunidense]… antes de los hechos lamentables de Angostura” [el ataque colombiano a territorio de Ecuador].

En este bloque, el punto central entonces es el inciso 15 que a la letra dice: “Exigimos al gobierno total respeto con base a la Constitución Política, Tratados y Convenios Internacionales a los territorios de las nacionalidades y pueblos del Ecuador de la exploración y explotación que se expresan a través de todas las concesiones mineras, hídricas, hidrocarburíferas, de bosques, páramos, manglares, reservas de biósfera y parques nacionales, invasiones, y adjudicaciones dolosas de los territorios ancestrales como el caso playas de Cuyabeno, Chachis-Ceiba, Awa, etcétera”.

Finalmente, dichas propuestas impulsan también la fiscalización del gobierno “porque en sus dos años de gestión no se conoce el destino correcto de los recursos del alto precio del petróleo y otros” y que se proceda a archivar la ley minera “por inconstitucional”  hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional y se priorice una ley de Aguas y Biodiversidad impulsada por la propia Conaie, que días después desembocó en una marcha multitudinaria.

Al presentar dicha Ley, Marlon Santi, presidente de la Conaie, “cuestionó fuertemente las políticas extractivistas del gobierno, especialmente en materia petrolera y minera e hizo público su rechazo al  discurso del presidente Rafael Correa Delgado quien de manera reiterada ha pretendido, sin éxito, estigmatizar al movimiento indígena y a sus dirigentes, calificándolos con epítetos y términos asociables a expresiones de  racismo contemporáneo y discriminación”, de acuerdo a otro comunicado de la Conaie.

Y el comunicado continúa: “El presidente del Consejo de Gobierno de la Conaie, considerado el Gobierno Indígena, criticó la visión de democracia desde el poder que reconocería derechos en función del número de quienes lo reclaman y no en la obligación de garantizarlos para todos. La obligación del Estado es garantizar derechos para todos y todas. Un presidente no gobierna en función de números ni cantidades, sino de derechos”.

En la marcha, y en sintonía con la Minga colombiana que iba marchando a Bogotá por las mismas fechas, la multitud proveniente de diversos rincones de Ecuador enfatizó que la Constitución ecuatoriana debe respetarse, ya que establece que “el agua es un derecho humano fundamental”.

Entonces los asambleístas de Alianza País (el partido del presidente Correa) “fueron llamados a la coherencia y los presentes  respondieron con un rotundo NO cuando uno de los asambleístas pregunto si el país era de todos”. [La consigna principal de Correa y de su partido ha sido que ahora el país “es de todos”.] Por su parte, Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari, anunció también la determinación de defender el agua y no permitir que se privaticen éste y ningún otro recurso estratégico”.

Todo esto vuelve a colocar a Conaie como un actor crucial en el escenario general ecuatoriano y perfila el horizonte de las luchas futuras que el movimiento indígena dará en los próximos meses acotando el actuar y el quehacer del gobierno de Rafael Correa y delineando la cancha dónde debería responderle al pueblo.

(RVH)