■ Describe acciones sancionables y posibles penas a servidores de los tres niveles de gobierno
Esboza el IFE a partidos reglamento sobre imparcialidad de funcionarios públicos
El Instituto Federal Electoral (IFE) sancionará el “incumplimiento del principio de imparcialidad en el ejercicio de la función pública” en los funcionarios –de la Presidencia de la República, gobernadores, alcaldes y legisladores– que realicen activismo político en periodo electoral.
En el proyecto de reglamento que regula campañas y precampañas se prohíbe expresamente a los servidores de los tres niveles de gobierno asistir a mítines o actos de apoyo a partidos en días hábiles.
De acuerdo con el borrador que fue distribuido a los partidos políticos para su discusión, dicho reglamento fija un plazo de 10 días a partir de su aprobación por el Consejo General para que los servidores públicos que aún mantengan bardas o publicidad exterior con elementos que contravengan el reglamento, procedan a retirarlo “a fin de evitar incurrir en algunas de las faltas” contempladas.
El proyecto no sólo abarca el tema de la imparcialidad con la que deben conducirse los funcionarios, sino también fija precisiones sobre violaciones al artículo 134 constitucional, el cual prohíbe la difusión personal de servidores públicos en la propaganda oficial y regula sanciones sobre la realización de actos anticipados de campaña y precampaña.
En el caso de la imparcialidad de funcionarios, el reglamento traslada algunas disposiciones legales e incorpora otras por lo que considera violación a la citada imparcialidad: condicionar entrega de recursos de programas sociales; entregar o prometer recursos de dinero; proferir advertencias o amenazas vinculadas con condicionamientos del voto; entregar recursos o símbolos que conlleven la promoción del sufragio en favor de partidos, precandidatos o candidatos.
Incluso, como parte de las restricciones a los funcionarios se incluye la promoción del voto, que ahora queda expresamente prohibida. La promoción del sufragio suscitó en 2003 un diferendo serio entre el Instituto Federal Electoral y la presidencia de Vicente Fox Quesada, la cual se empecinaba en reivindicar la promoción del voto del Ejecutivo federal, situación que sólo se resolvió mediante el amago del IFE de presentar una controversia constitucional.
Entre otras restricciones, se considera también la utilización de recursos privados o propios de los funcionarios para promover su imagen personal durante el proceso electoral y evitar el uso de dichos recursos para influir o inducir el voto. Asimismo, durante la celebración de actos oficiales de gobierno, los precandidatos y candidatos deberán abstenerse de participar.
El IFE contempla que durante el proceso de quejas al respecto –que efectuará el secretario ejecutivo– se adoptarán medidas para frenar y evitar la conducta; se dará vista a autoridades administrativas competentes y, en su caso, a la Fiscalía Especializada de Atención en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, al partido que pertenezca el funcionario y a la Unidad de Fiscalización.
El borrador considera actos anticipados de campaña aquellas acciones que, por ejemplo, se realicen una vez concluidos los plazos del proceso interno que los partidos se fijen o antes del arranque de los procesos internos.
En este caso, la sanción puede llegar hasta la pérdida del registro de candidato, además de que se podría sancionar al partido político por la comisión de ese hecho. Esto, independientemente de que se dé vista a la Unidad de Fiscalización para que castigue lo correspondiente al ejercicio ilegal de recursos.
Por lo que hace a la propaganda gubernamental contraria a la ley, ésta se refiere a la difusión personal del candidato o la inclusión de cualquier alusión al voto; la mención de que se aspira a una candidatura; referencia a una fecha de carácter electoral y mensajes tendientes a influir en el electorado ya sea en medios electrónicos, e incluso mediante la Internet.
Se formaliza la prohibición para que durante el periodo de campañas federales y locales quedará suspendida la propaganda gubernamental en medios electrónicos e impresos, a excepción de campañas educativas, salud o mensajes de protección civil. Sin embargo, no se considerarán en este rubro aquellas que difundan obras en estos renglones. Dicho documento será discutido mañana con los partidos políticos a fin de incorporar observaciones, y se tiene prevista su aprobación definitiva en la sesión de Consejo General del próximo 22 de diciembre.