Pide sumar a ediles en el consejo de seguridad
El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional (ANAC), Cuauhtémoc Calderón, demandó ayer que los municipios sean incorporados al Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues su exclusión de dicho mecanismo deja coja la estrategia contra el crimen organizado. munícipe de Zacatecas denunció que persiste la discrecionalidad de los gobernadores en la distribución de los recursos destinados al combate de la delincuencia en los ayuntamientos, por lo cual pidió al Congreso legislar para que se etiqueten los dineros y, de esa manera, su asignación no dependa de las filias o fobias del jefe del Ejecutivo estatal. En conferencia de prensa detalló que la reciente reforma a la Ley General de Seguridad Pública margina a los municipios del consejo nacional, al no darles voz ni voto en el diseño de las políticas destinadas a reducir el crimen. Ello pese a que conocen el problema de primera mano, y a que es en los ayuntamientos donde se inicia el reclamo por una mayor y mejor seguridad, y donde se percibe día a día el miedo de la sociedad. Calderón agregó que se les hizo a un lado, pese a constituir la estructura básica de la representación gubernamental. “Literalmente estamos huérfanos en la lucha anticrimen”, puntualizó el alcalde, quien también lamentó la disparidad que existe en la inversión que hacen los ayuntamientos y los gobiernos estatales y el federal en este sector. Refirió así que, mientras los primeros aportan 5 por ciento de sus presupuestos totales, los segundos no llegan a uno por ciento. Tal cantidad no es suficiente para adquisición de equipo, patrullas, capacitación, mejora de salarios y prestaciones de los agentes de seguridad pública, subrayó. El alcalde de Zacatecas demandó un esquema tripartito, en el que Federación, estados y municipios aporten presupuestos iguales para multiplicar de manera exponencial los dineros contra el crimen, y que se amplíe el Subsidio para Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun), ya que en la actualidad sólo incluye a 150 ayuntamientos. El representante de 498 alcaldes no sólo pidió que el Congreso ponga candados para impedir la distribución discrecional de los recursos por los gobernadores, sino también para que no se desvíen a campañas electorales, como ha sucedido en el pasado.