Violencia electoral en México
La violencia de Estado en México ha sido muy compleja y persistente cuando se ha manifestado en procesos electorales o cuando se ha aplicado contra partidos políticos y dirigentes de oposición. Este tipo de violencia oficial ha sido una constante agresiva en el siglo XX. La Revolución Mexicana de 1910 se inició por un proceso de inconformidad social que buscaba democratizar el país en términos electorales. A partir del fusilamiento del gran luchador demócrata mexicano Francisco I. Madero, en 1911, estalló la segunda y definitiva fase de violencia social en la lucha armada del largo y sangriento periplo de esa Revolución. La formación, en 1929, del Partido Nacional Revolucionario (PNR) fue uno de los esfuerzos más eficaces para que la transmisión del poder presidencial no tuviera que efectuarse por levantamientos armados ni golpes de Estado y, en principio, para que no se generaran, al frenar tales procesos, la represión, las persecuciones o las masacres.
Esta violencia de Estado en procesos electorales se ha expresado en una amplia gama que ha variado desde el fraude electoral y la desaparición selectiva de candidatos o de opositores electorales hasta la represión y la masacre. En los inicios del siglo XXI se amplió este espectro hacia un nuevo extremo: la manipulación de medios electrónicos.
En efecto, en menor o mayor medida los fraudes electorales se han extendido desde la represión a maderistas en la última relección de Porfirio Díaz hasta el accidentado proceso federal electoral del año 2006, cuando la violencia de medios fue notorios, concertada e incontrolable. En medio de esos extremos, la violencia de Estado desplegó diferentes recursos con el golpe militar a Madero y su fusilamiento, con el enfrentamiento del gobierno de la Convención y el de Venustiano Carranza, luego con el levantamiento delahuertista y su brutal aplastamiento (en esa represión fueron asesinados Felipe Carrillo Puerto, en Yucatán, y Francisco Villa en Chihuahua), la matanza de los seguidores del general Francisco Serrano (que Martín Luis Guzmán narró en La sombra del caudillo), la represión a los vasconcelistas, a seguidores del general Juan Andrew Almazán, a la coalición de partidos que apoyaron la candidatura presidencial del general Manuel Henríquez Guzmán, el fraude de las elecciones federales de 1988, el asesinato gradual y selectivo de varios centenares de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante el periodo presidencial de 1988 a 1994. Estos procesos marcaron en México las rutas difíciles y divergentes del poder, la democracia electoral y los partidos políticos. José Vasconcelos llegó a afirmar que si la democracia lograba abrirse paso alguna vez en México, tendría que avanzar a partir del punto en que la dejó Francisco I. Madero.
Cuando no ha habido masacres, represión abierta o asesinatos inexplicables, como el del candidato priísta Luis Donaldo Colosio en 1994, la violencia de Estado, ejercida como fraude en los procesos electorales de las entidades federativas a lo largo del siglo XX, fue persistente, por no decir tenaz y definitoria del sistema político mexicano. Después de la última relección de Porfirio Díaz, en 1910, casi un siglo le ha tomado al país acercarse a procesos electorales (no en todo el país, por cierto, ni en el reciente proceso federal de 2006) que se asemejen a los de una sociedad democrática civilizada. En la primera década del siglo XXI se manifiesta aún la resistencia del Estado y de los poderes fácticos a cancelar la violencia del fraude o de la manipulación de medios en los procesos electorales.
Un ejemplo paradigmático de esta violencia de Estado, por la concurrencia de múltiples fuerzas políticas, fue la represión a los partidarios del general Manuel Henríquez Guzmán en el año 1952, con ocasión de las selecciones que debían renovar la administración presidencial del periodo 1952-1958.
En la próxima entrega me referiré a esa represión que sufrieron los henriquistas. La información acerca de la masacre provino de conversaciones que grabé en 1997 y 1998 con la señora Alicia Pérez Salazar, viuda del político y escritor José Muñoz Cota, secretario particular durante muchos años del general Lázaro Cárdenas y secretario del general Henríquez Guzmán precisamente durante el proceso electoral de 1952. He descrito con amplitud este proceso en mi novela Los informes secretos.