La abdicación
El gobierno de facto de Felipe Calderón no parece tener más expectativa para 2009 que la de poder acomodarse con la nueva administración demócrata de Barack Obama, y en tanto prosigue entregando el país al mejor postor.
1. El año más desastroso en la historia reciente de México en materia de empleo y de seguridad –que fueron las dos ofertas de Calderón para llegar a Los Pinos– se termina sin que el gobierno de los panistas tenga la menor idea de cómo afrontar estos dos problemas, que él mismo ha llevado a un nivel crítico, si no es endosándoselos de manera patética al capital trasnacional y al gobierno de Washington, para que lo ayuden a salir del desastre.
2. El modelo neoliberal, que ha entrado en una gravísima crisis en 2008, supuso el desmantelamiento del Estado, y en México a pesar de que se están viendo las consecuencias nefastas de este error histórico no hay rectificación alguna. El Estado mexicano fue entregando el petróleo y sus riquezas estratégicas a las multinacionales desde los últimos gobiernos priístas, perdió el control del crédito en los años de Salinas, Fox permitió que agentes estadunidenses empezaran a tener injerencia en fronteras, aduanas, espacio aéreo y mar territorial, y Calderón ahora está ya dejando de tener el control estratégico de la seguridad nacional de México al gobierno estadunidense.
3. El caso de la empresa estadounidense Blackwater Worldwide en Irak es significativo de esta tendencia, pues dicha empresa, contratada por el gobierno de George W. Bush como la principal responsable de la “seguridad privada” en Irak, entiéndase esto como se quiera, ha sido acusada hace algunos días de que sus guardias mataron a por los menos 14 civiles, incluyendo a varios niños, e hirieron a más de 20, usando la táctica de “fuego de supresión”, y lo que es más significativo, sin motivo aparente alguno y actuando en absoluta sintonía con el gobierno de Washington (El País, 18 de diciembre). Aunque el escándalo por lo acontecido ha llevado a funcionarios de la administración Bush y de la entrante a sugerir que esta corporación no sea ya “la principal contratista de seguridad”, nadie cuestiona en absoluto en Estados Unidos este esquema de seguir entregando estas tareas a los que para muchos son unos “mercenarios”.
4. Estados Unidos tiene a 143 mil soldados en Irak pero a “más de 190 mil contratistas privados”, empleados según la versión oficial por decenas de compañías vinculadas al gobierno impuesto y sostenido por Bush, a las que prestan todo tipo de servicios logísticos –incluyendo los de seguridad–, y el fondo del problema no se toca. Barack Obama ha prometido retirar en 2009 a las fuerzas armadas estadunidenses que oficialmente se encuentran en ese país, pero nada ha dicho de los contingentes de “contratistas privados”, los cuales están empleados no nada más por las múltiples multinacionales que en los hechos llevan a cabo las funciones que debería realizar el gobierno de Bagdad, sino por las propias instancias oficiales, y en tareas que incluyen la “seguridad”, es decir el amedrentamiento y la represión, como fuerzas militares paralelas.
5. El modelo de Irak es sin paradojas el mismo de México, aunque aquí la guerra se libre por otros medios, pero para los mismos fines. La mejor definición de la administración de facto de Calderón sería la de un puñado de negociantes y traficantes de influencias que por la vía de la fuerza seudoinstitucional se han apoderado del aparato estatal para proseguir una guerra en contra de la mayoría del pueblo de México. Una guerra que se libra en el nombre de ese puñado de delincuentes de cuello blanco asociados a las trasnacionales para mantener el entramado de privilegios de unos cuantos, y en el que requieren de un número cada vez mayor de agentes extranjeros.
6. El Plan Puebla-Panamá le facilitó al gobierno entreguista de Fox el tener la coartada para encubrir la presencia de funcionarios militares y civiles estadunidenses en México, que siguieron introduciéndose en áreas estratégicas, y el Plan México disfrazado como Iniciativa Mérida y la supuesta guerra contra el narco le permiten a Calderón la abdicación absoluta.
7. La información oficial sobre este proceso que compromete la soberanía de México, pues áreas estratégicas se han entregado al extranjero, no se conoce, sin embargo, y si el gobierno calderonista hace hasta lo imposible para ocultarla, el Senado hace lo propio para incumplir sus responsabilidades y exigirle que rinda cuentas. En 2008, en plena discusión sobre “la reforma energética”, que según el gobierno de facto no profundizaría la privatización de la industria, decenas de técnicos de la Shell y la Repsol se hallaban en México concluyendo los proyectos que ya les habían sido asignados, y mientras la retórica gubernamental insiste en hablar de “su guerra” contra el narco, las fuerzas armadas y policiales de México son guiadas por las principales agencias estadunidenses.
8. El entreguismo actual no es privativo empero de los panistas, sino que lo comparten plenamente sus protectores y guías priístas. El gobernador fascistoide de Coahuila, Humberto Moreira, está involucrado por ejemplo en un nuevo escándalo por haber contratado como consejero al cubano-estadunidense Félix Batista, quien asesoraba también con su organización a empresarios de Saltillo y Monterrey en asuntos de seguridad y hoy se halla desaparecido (La Jornada, 18 de diciembre).
9. Los asesores extranjeros en las oficinas públicas son cada día más numerosos, los contratos que efectúa el gobierno con trasnacionales no han dejado de multiplicarse, e incluso hay empresas privadas de origen extranjero que están ahora proliferando en México en materia de seguridad privada y pública, lo que implica un número mayor de hombres armados en territorio nacional que no están controlados por el poder público, pero la administración de facto no informa sobre estos rubros a la nación, y esto es necesario que se conozca. ¿Qué contratos, concesiones y permisos se están otorgando en México? ¿Cuántos agentes extranjeros hay en nuestro país cumpliendo funciones que deberían ser privativas de los mexicanos?
10. No hay que olvidar que desde muchos sectores del pueblo mexicano no se ha dejado en todo este tiempo de recordarle al gobierno de facto que la privatización de los recursos y de los servicios públicos supone también la pérdida de la dignidad.