Iglesia católica y derechos humanos
Con ocasión del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social dio a conocer el pasado miércoles un mensaje, con el propósito de realizar un examen sobre los principales desafíos que sobre la situación de los derechos humanos se tienen hoy en México, y para reconocer las múltiples tareas pendientes en adelante.
De manera oportuna, alude igualmente al décimo aniversario de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. El documento, dirigido también a todas las personas de buena voluntad, se enmarca en la terminación de un año civil, que ha dejado en el país como principales saldos negativos la carestía de los alimentos, la crisis económica y financiera, la crisis de seguridad pública y la violencia incontrolada, así como en el comienzo de un nuevo año, cuando la Iglesia católica augura bendiciones de paz para toda la humanidad. De manera particular el mensaje se ubica en la celebración de la Navidad, en la que los cristianos encuentran el principal motivo para comprometerse en la defensa de la dignidad humana, así como en la celebración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, a quien también se reconoce como defensora y promotora de la dignidad de todas y todos los mexicanos, sobre todo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas. Por eso se titula significativamente El anhelo de la paz, la vida digna y los derechos humanos. Se trata de un mensaje cristiano –pero claro, imparcial, objetivo y valiente, destinado a animar el compromiso de la Iglesia con las garantías individuales, a fortalecer a las organizaciones civiles que ya existen en el país y a promover otras– que seguramente será bien recibido por la comunidad de derechos humanos, y de cuya riqueza es muy difícil hablar en pocas líneas.
Una lectura fiel de la vida y enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento, los discursos de Juan Pablo II y Benedicto XVI a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y 2008, respectivamente, así como varias de sus encíclicas sobre la cuestión social y algunos de sus mensajes al comienzo de los años pasados para la Jornada Mundial de la Paz (1998, 2003 y 2007), son algunas de sus principales fuentes. A ellas habría que añadir de manera señalada el Discurso al Congreso Mundial sobre la Pastoral de los Derechos Humanos de Juan Pablo II, el 4 de julio de 1998; las enseñanzas oficiales del magisterio católico en materia social, recogidas el año 2004 en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, y el Documento Conclusivo de la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada el año pasado en Aparecida, Brasil.
En su mensaje los nueve obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social ratifican que la defensa de la dignidad de la persona humana y de sus derechos inalienables es parte sustancial de la misión de la Iglesia, y que ante situaciones de injusticia como las que viven millones de hombres y mujeres de nuestra patria, todos los obispos, como defensores y padres de los pobres, han de ser mensajeros de esperanza y preocuparse por la justicia y los derechos humanos. Reconociendo congruentemente que el compromiso por promover la dignidad y los derechos de las personas implica también para la Iglesia la exigencia de respetar en su vida interna las exigencias de la justicia, el mensaje afirma que los obispos quieren asumir la defensa de los débiles y hacerse voz “de quienes, teniéndola, no pueden hacerla oír, porque han sido colocados por su pobreza al margen de la historia”.
Para ello ofrecen fortalecer en sus comunidades una pastoral social que, “con la asistencia y la promoción humana, se haga presente en las nuevas realidades de exclusión y marginación que viven los grupos más vulnerables, donde la vida está amenazada. La pastoral social –afirman–, acción evangelizadora de la Iglesia, tiene como eje transversal la promoción de los derechos humanos”. De particular importancia por ello es su reiterado reconocimiento y aprecio al esfuerzo que la sociedad civil ha venido realizando en la defensa y la promoción de éstos, así como su estímulo para que no desfallezca en el “empeño para que el Estado mexicano cumpla a escala nacional con las obligaciones contraídas con la comunidad internacional en esta materia”, reprobando al mismo tiempo “los ataques y las agresiones contra promotores y defensores de derechos humanos”.
Con justicia afirman que en México los organismos de la sociedad civil, entre los que se reconoce a algunos que han tenido su origen en grupos eclesiales que se inspiran en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, han tenido una tarea relevante en la promoción y protección de los derechos humanos, y salen al paso contra las injustas agresiones, acusaciones e incomprensiones que algunas veces han tenido que sufrir, entre otras cosas por la confusión que en muchas personas existe entre lo que es defender la dignidad humana de cualquiera e impedir que se haga justicia por la comisión de algún delito.
De manera fundamentada, el documento se pronuncia de forma contundente sobre la ineficacia del agravamiento de penas para combatir el crimen, y de manera elocuente más bien habla de la necesidad de combatir la impunidad, la corrupción y la inseguridad social que padece la mayor parte de la población y las claras deficiencias de todo el sistema de seguridad pública y justicia para enfrentarlo.