■ La procuraduría sólo cuenta con el testimonio de dos colaboradores del ex titular de la SIEDO

La PGR no ha podido recabar más pruebas contra el ex fiscal antidrogas Noé Ramírez

■ Solicita a juzgado de distrito en materia federal que amplíe por otros 40 días el periodo de arraigo

Alfredo Méndez

Este fin de semana se cumplió un mes de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el arraigo de Noé Ramírez Mandujano, el ex zar antidrogas acusado de vender información clasificada a narcotraficantes, y hasta ahora la fiscalía encargada de esta investigación no ha conseguido más pruebas en contra del ex funcionario que las que originalmente motivaron su detención provisional, revelaron fuentes ministeriales cercanas a las pesquisas.

En el transcurso de esta semana, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) pedirá al juzgado sexto de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México que amplíe el periodo de arraigo contra el ex fiscal antinarcóticos por otros 40 días, con el propósito de que en ese tiempo se puedan recabar diversas probanzas con las que se obtenga una orden de aprehensión.

En los autos de la averiguación previa abierta por este caso sólo consta el testimonio de tres “testigos protegidos”, entre ellos dos ex funcionarios de la SIEDO que fueron subordinados de Ramírez Mandujano, quienes aseguran que su ex jefe se reunió en una ocasión, en un restaurante del Distrito Federal, con presuntos capos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

A decir de las fuentes consultadas, no existen pruebas incriminatorias más allá de los dichos de estos tres colaboradores de la autoridad ministerial.

El abogado de oficio de Ramírez Mandujano –ningún bufete jurídico particular de los de mayor renombre en México quiso llevar la defensa del funcionario– intenta comprobar que el día en que supuestamente el ex subprocurador se reunió con los capos de la droga, su cliente estaba fuera de la capital del país por asuntos de trabajo.

A este contexto debe añadirse lo que sucedió la semana pasada, cuando Crescencio Pérez Jiménez, ex fiscal adscrito a la SIEDO, envió un escrito a Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, y presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que denuncia diversas anomalías, como el supuesto intento de coacción a personal ministerial.

Según Pérez Jiménez, Irving Barrios Mojica, coordinador general D de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la fiscalía antinarcóticos –con apoyo de la actual titular de la SIEDO, Marisela Morales–, está “removiendo” y “amedrentando” a servidores públicos que trabajan desde hace varios meses en esa subprocuraduría, en clara violación a la legislación laboral.

Además, Crescencio Pérez añadió: “el licenciado Irving Barrios (...) es la persona que les ofrece dinero a los indiciados y testigos protegidos o colaboradores cuando quiere afectar a personas que no son de su agrado”.

Noe Ramírez Mandujano, arraigado desde el 20 de noviembre pasado, antes de entrar a laborar en la PGR formó parte de la Marina-Armada de México. Abandonó la institución militar en 1994.

Durante una conferencia de prensa efectuada en la PGR el pasado 21 de noviembre, el procurador Medina Mora informó del arraigo de Ramírez Mandujano.

Sobre la detención del ex fiscal, Medina Mora dijo: “el estado de derecho y la Operación Limpieza no responden a intereses particulares o a rivalidades o revanchas; se fundamenta en la aplicación de la ley. (...) El día de ayer, la PGR informó que Noé Ramírez Mandujano se presentó voluntariamente a declarar, y al término de esta comparecencia el representante social consideró que existen en la indagatoria los elementos jurídicos necesarios para decretar su detención.

“Lo anterior, toda vez que obran en su contra imputaciones en el sentido de que con posterioridad a la fecha en que asumió el cargo de titular de la SIEDO fue citado por un miembro del cártel del Pacífico, de quien recibió de manera personal un pago por la cantidad de 450 mil dólares a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendentes a combatir a esa organización criminal”, destacó el procurador.