■ Si bien la suma de votos será para los candidatos, cada partido tendrá la porción que aporte
Con límites legales, las coaliciones tendrán que pasar la prueba de las urnas en 2009
■ El Cofipe evita ahora la redición del Partido de la Sociedad Nacionalista, que se usó para lucrar
Con las elecciones de 2009, la etapa de las coaliciones amplias que prevalecieron en los últimos años parece llegar a su fin como efecto de la reforma legal que las reduce prácticamente a candidaturas comunes y obliga a los partidos pequeños a pasar la prueba de las urnas. En principio esto pretendería acabar con la existencia de membretes, como el que utilizó la familia Riojas, cuyo Partido de la Sociedad Nacionalista, sólo sirvió para realizar negocios, aprovechando la vida artificial que le confirió el Partido de la Revolución Democrática en 2000.
En la pasada elección federal (2006) una alianza de partidos, que contendió con el nombre de coalición Por el Bien de Todos, logró consolidar la mayor presencia de izquierda en las cámaras. Hoy, los partidos que la integraban mantienen disputas de cara a los comicios intermedios. En buena medida, esto se deriva de las nuevas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que impide que por la vía de un convenio previo se repartan curules y prerrogativas.
La reforma electoral –los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia la denominan “contrarreforma”– ha modificado radicalmente el punto sobre las coaliciones, pues ahora cada partido que integre una aparecerá en la boleta y, si bien se sumarán los votos para el candidato, se contarán en particular por para cada partido. Solamente en el caso de que no se alcance el porcentaje mínimo necesario, se tomará el porcentaje necesario de la coalición para que puedan mantener el registro.
Más allá de la participación de la coalición Por el Bien de Todos, los términos del convenio eran bastante atractivos para el Partido del Trabajo y para Convergencia, que bajo el esquema de la coalición pactado previamente, con 35 por ciento, aproximadamente obtenido, el PRD se quedó con 23.5 por ciento, el PT 6 por ciento y Convergencia 5.5 por ciento.
De los 158 legisladores que alcanzó Por el Bien de Todos, 126 son perredistas, en tanto que al PT y Convergencia les correspondieron 16 a cada uno, mientras que en el Senado, de 36 legisladores, 26 fueron para el PRD, cuatro para el PT y seis para Convergencia.
En términos de prerrogativas, el sol azteca pasó de recibir 360 millones en 2006 a 446 millones en 2007, esto es, un incremento de 23 por ciento. Por su parte, el PT, de 135 millones que obtenía alcanzó 211 millones de pesos, alrededor de 60 por ciento más, una proporción similar a los beneficios que Convergencia tuvo de un convenio bastante provechoso para ambos partidos.
Alianza por México
La Alianza por México, que integraron el partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), resultó ser más onerosa para el tricolor, el cual prácticamente asumió todas las pérdidas electorales y de prerrogativas que tuvo la alianza, al desplomarse en la votación y obtener 22 por ciento. A pesar del retroceso, el PVEM pudo incrementar sus prerrogativas y su presencia en el Congreso, pues tiene 19 diputados, 17 derivados de la representación proporcional y seis senadores, cuatro de representación proporcional.
Mientras el PRI se desplomaba en su presencia en el Congreso y en sus prerrogativas, el PVEM, fruto del convenio previamente pactado avanzaba y cargaba todas las pérdidas a su aliado, con la consiguiente molestia interna de los priístas. Y es que la coalición se pactó sobre la base –rezaba el convenio– de reconocer la “votación histórica” de los ecologistas de 6.6 por ciento.
Así, mientras el PVEM, de recibir 190 millones de pesos de financiamiento en 2006 pasó a que le adjudicaran 223 millones a partir de 2007, alrededor de 18 por ciento más– mientras que el PRI que recibía 613 millones, perdió casi 100 millones, pues en 2007 percibió sólo 518 millones de pesos, una proporción de poco más de 15 por ciento a la baja.
Si en 2006 las coaliciones beneficiaron a partidos que de alguna manera mantienen una presencia nacional, el caso de 2000, algunas coaliciones verdaderamente llevaron a las cámaras y favorecieron registro, con prerrogativas incluidas, a partidos efímeros. La denominada Alianza por México confirió existencia legal al Partido Alianza Social y a la Sociedad Nacionalista: ambos perderían el registro tres años después, cuando ya no pudieron contender en coalición.
Multas sin pagar
En aquella ocasión, habiendo obtenido menos de 19 por ciento de la votación, el PRD solamente obtuvo, para efecto de prerrogativas y de espacios en el Congreso, 10.8 por ciento, transfiriendo 3.2 por ciento al PT, 2 por ciento a Convergencia y uno por ciento al PSN y el PAS, aunque el convenio establecía que, en ese caso, se garantizaría el porcentaje mínimo para que estos dos últimos mantuvieran el registro.
La consecuencia: la familia Riojas, que dirigía, creó sus empresas que eran las proveedoras de ese partido a costos muy elevados. El IFE impuso multas superiores a 200 millones por irregularidades en el manejo financiero que nunca pudieron ser cobradas, como tampoco se pudieron recuperar los bienes que con las prerrogativas adquirió ese partido que vivió tres años a costa de una coalición en la que nunca se supo cuántos votos aportó.
A partir de entonces, se reformó la ley a efecto de que ningún partido de reciente creación pudiera participar en coalición en su primera incursión electoral.