■ Presentan iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Buscan diputados transferir excedentes presupuestales a programas prioritarios

■ Pretenden acabar con la opacidad gubernamental en el manejo de los recursos públicos

Roberto Garduño

La notable opacidad en el manejo de los recursos públicos durante la presente administración federal generó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de trasladar los subejercicios o los saldos acumulados en el gasto a los programas prioritarios establecidos para cada ejercicio por la Cámara de Diputados.

Al presentarse ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio y aprobación, y de esa forma, tras ser devuelta al pleno, podría convertirse en decreto durante las próximas semanas.

Carlos Altamirano, representante por el PRD y experto en el diseño del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), expuso que con esa modificación la Cámara de Diputados instaurará programas que por su importancia social se considerarán prioritarios. “En esta circunstancia podrán incluirse la construcción de obras nuevas de infraestructura en zonas marginadas, así como infraestructura para el sector salud y programas sociales destinados a grupos vulnerables”.

La iniciativa pretende instituir un flujo de información con el cual la Cámara de Diputados esté en condiciones de realizar un seguimiento permanente en la evolución del gasto y, en caso de alguna modificación, que ese proceso resulte transparente.

“Establecer un procedimiento con el cual los subejercicios de las dependencias no puedan ser asignados a ningún otro programa, si no es con la aprobación de la Cámara de Diputados. Dar entrada, como opiniones no vinculantes, a los comentarios de los legisladores sobre las reglas de operación de los programas del Ejecutivo sujetos a ellas, respetando la facultad de éste para definir, publicar y aplicar las referidas reglas de operación.”

Se introduce como limitante, de las adecuaciones presupuestarias, el cumplimiento de los objetivos de programas. Permitiría, a su vez, modificar las estructuras administrativa, funcional y programática, económica, geográfica; cambiar los calendarios del presupuesto y concretar ampliaciones y reducciones líquidas al PEF.

En el proceso, el Ejecutivo federal conservaría la facultad de realizar adecuaciones, “pero informando al Legislativo y a la opinión pública de forma oportuna. Para evitar una saturación de información y hacer un uso adecuado de ésta, planteo que la información sea turnada a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y que las dependencias la publiquen en sus respectivas páginas electrónicas”.

Por lo que corresponde al subejercicio, el texto propone que, atendiendo a su importancia social, determinados programas tendrán condiciones que garanticen su puesta en práctica. Es decir, precisar que el destino de los saldos acumulados al tercer trimestre y los subejercicios se canalizarán al conjunto de programas prioritarios definidos por la Cámara de Diputados.

Entonces el Ejecutivo federal mantendría posibilidades de realizar cambios, pero sin transferir recursos de programas prioritarios a los que no lo son, ni reducir los montos de los primeros.

“Se acotaría el margen de discrecionalidad del Ejecutivo, pero se mantendría la flexibilidad de hacer modificaciones durante los tres primeros trimestres del año; una vez superado ese término, los recursos tendrían que destinarse a los programas prioritarios establecidos por el Legislativo.”

A esto se sumaría un cambio sustantivo en la ley referida, porque la Cámara de Diputados estaría en condiciones de emitir una opinión en el terreno de las reglas de operación de los programas prioritarios.

“Se consideran las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a éstos. Esta intencionalidad, sin embargo, no permite que quien aprueba el destino de los recursos públicos, es decir, la Cámara de Diputados, pueda conocer y opinar sobre disposiciones de tanta relevancia ni ponderar que las reglas emitidas por el gobierno cumplan al menos con las definiciones legales citadas o que tengan las mejores condiciones para la operación de los programas.”