■ La fracción panista rechaza veto del Ejecutivo al acuerdo que derogó la construcción
El Congreso de NL recurrirá ante la Corte para resolver contencioso sobre proyecto vial
Monterrey, NL, 29 de diciembre. La mayoría panista en el Congreso local anunció que no aceptará el veto que el gobernador José Natividad González Parás emitió el viernes, contra el acuerdo legislativo que derogó la construcción de la obra Arco Vial Sureste y recurrirá a una controversia constitucional, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine quién tiene la razón jurídica.
González Parás indicó que decidió vetar el decreto 320 del Congreso estatal, aprobado el 16 de diciembre, debido a que los diputados de la mayoría panista por “razones partidistas”, incurrió en fallas de forma y fondo, en aras de detener una obra de gran importancia para la “conectividad” de la zona metropolitana, que implicaría una inversión superior a 3 mil millones de pesos, 50 por ciento más de lo proyectado inicialmente, debido al retraso por más de un año que ha enfrentado.
El proyecto es rechazado por ecologistas y diversos sectores, los cuales consideran que el Arco Vial Sureste propiciaría la urbanización de 8 mil hectáreas que hoy forman áreas protegidas.
“Vamos a seguir luchando para que ese proyecto, que es de gran relevancia para la vida de Nuevo León, no se detenga por razones partidistas; es muy lamentable que el interés, incluso no unánime, sino dividido de un partido político (PAN), esté deteniendo una obra de gran relevancia no solamente por lo que represen- ta en la conectividad vial metropolitana, sino también por lo que significa de inyección directa a la economía estatal en momentos de crisis”, señaló el mandatario.
González Parás confió en que con las observaciones al Congreso, se vuelva a revisar el proyecto, y en que AN “desista en su intento de detenerlo, pues ya lo había autorizado”.
En tanto, el diputado panista Ranulfo Martínez Valdez, quien promovió la derogación del decreto 75, que daba sustento jurídico y financiero al Arco Vial Sureste, anunció que la fracción blanquiazul rechazará “por improcedentes” las observaciones del Ejecutivo, y el mismo 7 de enero, cuando se reanuden los trabajos del Congreso, interpondrán una controversia constitucional, en lugar de turnar el caso a comisiones para que sea emitido un nuevo decreto, el cual requeriría el apoyo de 28 diputados para ser procedente.