Editorial
El saqueo fiscal de Pemex
Según un informe publicado ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), el aporte de los ingresos petroleros a las finanzas públicas entre enero y noviembre de 2008 ascendió a 972 mil 234 millones de pesos, monto que supera en casi 23 por ciento lo obtenido por esa vía en el mismo periodo de 2007 y que equivale a 37.6 por ciento del total de los ingresos del sector público. El mismo documento señala que las aportaciones fiscales de Petróleos Mexicanos (Pemex) al gobierno federal se incrementaron en 35 por ciento en relación con el año anterior para llegar a 659 mil 904 millones de pesos, cifra equivalente a más de 67 por ciento del total de los ingresos petroleros.
Es significativo, por principio de cuentas, que este incremento se haya dado en un año por demás complicado para la industria petrolera nacional: en el periodo de referencia, la producción de crudo se redujo 9.3 por ciento; la capacidad del yacimiento Cantarell, el más importante del país, cayó en 31 por ciento, y las exportaciones descendieron 17. 3 por ciento. La propia SHCP reconoce que si el monto de los ingresos petroleros entre enero y noviembre fue tan elevado se debió principalmente a los altos precios internacionales del crudo durante esos meses, cuando la mezcla mexicana se cotizó en promedio a 94 dólares por barril, situación que contrasta con el escenario actual, cuando está en alrededor de 30 dólares.
En tal contexto, es claro que Pemex necesita realizar, con urgencia, inversiones cuantiosas en áreas estratégicas para su desarrollo, como exploración, explotación y refinación, que le permitan superar el rezago que ha acumulado a lo largo de muchos años y revertir las inercias negativas que acusa con respecto a su capacidad de producción. Para ello no es necesario avanzar en la entrega total o parcial de la paraestatal a manos de particulares, como pretendió este mismo año el gobierno federal al presentar una iniciativa de reforma abiertamente privatizadora, sino dejar de arrebatarle por la vía fiscal la mayor parte de sus ingresos brutos, y emprender medidas efectivas para combatir la corrupción que campea en su aparato administrativo.
Contrariamente a esas necesidades, el gobierno federal se mantiene renuente a buscar fuentes adicionales de financiamiento del Estado que no sean el saqueo fiscal de la industria petrolera nacional. Sigue empeñado en emplear a Pemex como su “caja chica”: baste mencionar que el llamado Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, con el que se pretende hacer frente a la crisis económica, se financiará casi en su totalidad con la desaparición de los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), la conversión en deuda pública de los pasivos que la paraestatal adquirió por esa vía y la exclusión del ramo de inversión de Pemex en el Presupuesto de Egresos 2009; es decir, mediante mayor sangría a las finanzas de esa empresa pública.
La circunstancia presente demanda tener una industria nacional de hidrocarburos rentable, productiva y eficiente, que cuente con recursos propios suficientes y funja como palanca del desarrollo nacional. Es urgente, por tanto, que Pemex sea colocada en un régimen de autonomía fiscal y que la administración federal obtenga recursos públicos como se hace en otros países: mediante el cobro de impuestos justos y equitativos a las grandes empresas y capitales financieros, con políticas de austeridad –como el recorte de los salarios y la desaparición de las prerrogativas onerosas de que gozan los altos funcionarios de la administración pública– y con acciones de combate a la corrupción.