■ Se han convertido en botín de partidos: ex presidente del IEEBC

Alertan sobre embestida contra órganos electorales

■ Confía Víctor Alarcón Requejo en que el TEPJF ordenará restituirlo en el cargo

■ Las recientes reformas en el estado, un retroceso “gravísimo”

Olga Alicia Aragón Castillo (Especial para La Jornada)

Ensenada, BC, 30 de diciembre. “De manera ilegal, por la puerta trasera, generando crisis internas y sembrando desconfianza entre la gente, grupos de poder de diversos partidos políticos están acosando a los órganos electorales del país para socavar su carácter independiente y autónomo”, afirmó Víctor Alarcón Requejo, quien el 27 de noviembre fue destituido de la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en una sorpresiva sesión realizada por cuatro de los siete consejeros.

Raúl Flores Adame, Javier Lázaro Solís, José Guadalupe González Rubio (suplente del consejero Jaime Vargas Flores), y Marina del Pilar Olmeda García, votaron ese día la destitución de Alarcón y nombraron consejera presidenta a Olmeda García.

En respuesta, Alarcón Requejo –a quien hace un año el Congreso local nombró por unanimidad consejero presidente para el periodo 2007-2010– interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio en defensa de sus derechos políticos y civiles.

El ex funcionario sostiene que su situación es idéntica a la que dos meses antes enfrentó el ex presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Isidro Cisneros Ramírez. En este caso, el TEPJF decidió por unanimidad revocar la destitución. “Tengo plena confianza en que emitirá un fallo que habrá de restablecer la legalidad en el órgano electoral de Baja California”, dijo.

“Los nichos de poder en los estados se vuelven insignificantes cuando el TEPJF toma los casos, porque los magistrados analizan la situación y sustentan sus decisiones en el cumplimiento de la ley”, comentó en referencia a las reuniones que tuvo con los jueces electorales federales, entre ellas la ponente de este asunto, María del Carmen Alanís.

Sin embargo, Cisneros Ramírez renunció días después de que el TEPJF ordenó su reinstalación, y alegó que no estaba dispuesto a ser rehén de intereses políticos que buscan mermar la presencia del árbitro electoral.

–¿Existen en Baja California presiones similares contra el órgano electoral?

–En varios estados los órganos electores están siendo acosados por grupos de poder de diferente signo partidista, interesados en ejercer el máximo control sobre el árbitro electoral. Si con la ley no pueden arrebatarle la autonomía, intentan quitársela creando crisis internas mediante artimañas y presiones que vulneran la autonomía e independencia de la autoridad electoral, hasta que logran la destitución o la renuncia de los consejeros presidentes.

Tales fueron los casos, recordó, de Isidro Cisneros en el Distrito Federal, quien renunció el 17 de octubre; de José Núñez Castañeda en el estado de México, quien dimitió el 9 de septiembre, y de José Luis Castañeda en Jalisco, quien dejó el cargo el 25 de septiembre.

–¿Renunciaría, como lo hizo Isidro Cisneros, si el TEPJF emite un fallo que le favorezca?

–No voy a renunciar. Tengo plena confianza en que el tribunal va a restablecer la legalidad en el órgano electoral, y creo que a partir de esa resolución se puede recomponer la relación con los consejeros y con los representantes de todos los partidos políticos. Pondré toda mi voluntad en ello, pues existen más coincidencias que discrepancias.

–¿Qué sucederá con los nombramientos que ha hecho el Consejo Electoral durante la presidencia de Marina del Pilar Olmeda, entre ellos el de director general?

–Tendrá que reponerse el procedimiento, porque las decisiones que han tomado no tienen validez legal, están viciados de origen porque no existió fundamento legal para quitarme del cargo ni para nombrar nueva consejera presidenta. Sin embargo, no tengo objeción alguna con la mayoría de las decisiones que se han tomado en estos días. Sólo habrá que tomarlas por la vía legal. Por ejemplo, existe coincidencia plena con el nombramiento de Víctor López Magallón como director general del instituto; ése ya era un acuerdo unánime de los siete consejeros.

–¿Cuál es su situación legal? ¿Sigue siendo presidente?

–Lo soy y seguiré siéndolo mientras una autoridad competente no diga lo contrario. Soy presidente de derecho. Tengo el nombramiento del Congreso del estado y el acta del secretario fedatario.

Peligro de regresión

Víctor Alarcón comentó que los partidos han promovido en varios congresos estatales reformas que vulneran la autonomía de los órganos encargados de organizar los comicios.

Mencionó las recientes modificaciones aprobadas por la Legislatura de Baja California, que eliminan la elección de los consejeros electorales por mayoría calificada (dos tercios de los diputados) para aplicar mayoría simple. “Es un retroceso gravísimo, porque deja en manos de una sola fuerza política la composición del órgano electoral, y esa fuerza suele ser la del partido gobernante”, dijo.

También se eliminó la mayoría calificada de los consejeros (cinco de siete) para la designación del director general del Instituto Electoral.

Por lo pronto, Marina del Pilar Olmeda, reconocida por autoridades panistas, el Congreso del estado y por el gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán como consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (nuevo nombre del órgano electoral a partir de la reciente reforma).

Al presentar a la legislatura su propuesta de presupuesto de 86 millones 214 mil pesos para 2009, aseguró que la meta es “rescatar la dignidad de la institución, que debe ser sagrada, porque costó mucho a los bajacalifornianos ciudadanizar las elecciones”.