Se reunirá con SG comisión de enlace con EPR
El próximo 5 de febrero, la Secretaría de Gobernación (SG) responderá la solicitud de la comisión de intermediación entre la dependencia y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), de que la interlocución se extienda a otras dependencias de seguridad y justicia del gobierno federal a fin de ampliar las investigaciones sobre la desaparición forzada de dos integrantes del grupo insurgente.
Desde agosto pasado, los siete integrantes de la comisión establecieron como fecha límite para la respuesta del gobierno calderonista el 30 de enero, la cual se dio a última hora (la noche del viernes) cuando funcionarios de la dependencia citaron a los interlocutores para un encuentro el próximo jueves en el que estará el propio titular, Fernando Gómez Mont, para discutir sobre la ampliación de la interlocución a la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República.
El objetivo de ampliar la interlocución a esas instancias, explicó el abogado Juan de Dios Hernández Monge, integrante de la comisión, tiene como objetivo corroborar, desahogar y aclarar la información recabada en sus propias investigaciones para acercarse al objetivo fundamental: la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del grupo armado desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.
El escritor Carlos Montemayor, vocero de los interlocutores, informó que de acuerdo con el “tono de la respuesta (del gobierno federal) la comisión decidirá cómo proseguirán las acciones”. Agregó que desde el 14 de agosto –cuando se hizo la solicitud– y hasta el 6 de diciembre, las partes mantuvieron intercambio de escritos, discusiones telefónicas y análisis de réplicas y contrarréplicas a propósito de la ampliación.
Pocas expectativas
Por su parte, el antropólogo Gilberto López y Rivas, también integrante del grupo de mediadores, indicó que asistirán al Palacio de Covián “con cautela, para ver exactamente de qué se tratará la reunión con el secretario; en lo personal espero poco”.
La comisión integrada también por Miguel Ángel Granados Chapa, Samuel Ruiz, Enrique González Ruiz y Rosario Ibarra de Piedra, se reunió a principios de enero con directivos de la oficina en México del Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para exponer el caso. “Cuando se llega al extremo de acudir a instancias internacionales, significa que las nacionales no están funcionando”, subrayó López y Rivas.