Discapacitada violada ya no podrá abortar
Jalapa, Ver., 5 de febrero. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Noemí Quirasco Hernández, informó que la indígena nahua que fue violada en la sierra de Chicontepec no podrá abortar legalmente, pues el feto tiene siete meses de gestación.
Agregó que los padres de la víctima han dicho que se quedarán con el bebé.
Sin embargo, anunció que la CEDH ya integró un expediente y enviará una recomendación al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Salvador Mikel Rivera, por la dilación en autorizar el legrado y por irregularidades en el Ministerio Público.
Mencionó que, según los datos recabados por los visitadores de la CEDH, el Ministerio Público de Chicontepec se habría negado a recibir la denuncia de los familiares de la mujer, que padece de sus facultades mentales.
En su momento el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) informó que la violación de la indígena, que tiene 30 años de edad pero un desarrollo mental de una niña de tres años, fue perpetrado en 2008.
Según el IVM y las organizaciones Xochiquetzal y Católicas por el Derecho a Decidir, la violación habría ocurrido entre noviembre y diciembre de ese año, por lo que el embarazo todavía no tendría 12 semanas, periodo máximo permitido para integrrumpir el embarazo legalmente. Las dos organizaciones no gubernamentales instaron a la PGJE y a la Secretaría de Salud del estado a autorizar el legrado antes de que se cumplieran las 12 semanas.
En contraparte, Quirasco Hernández aseguró este jueves que la víctima tiene ya siete meses de embarazo y es imposible ordenar legalmente un aborto. El organismo supo del caso cuando ya corría el sexto mes de gestación.
“La Secretaría de Salud ya no puede realizar la interrupción, porque cuando los familiares se dieron cuenta ya estaba avanzado”, dijo.
Investigarán negligencia del Ministerio Público
Agregó que la CEDH está ayudando: “Trajimos a la joven con su mamá; la llevamos a que tuviera servicio médico; se le ha atendido. Va a tener casi siete meses de embarazo. Ya sólo se puede atenderla”.
La ombudsman confirmó que “el Ministerio Público no quiso recibir la denuncia (por la violación) y la atendió después, a petición nuestra, porque no le hacían caso a los familiares y ahora estamos trabajando en una recomendación a la procuraduría”.