■ Continúa su búsqueda, así como de otras 4

Prueba de ADN descartó que rescatada de albergue sea la niña Ilse Michel

Agustín Salgado

Tras varios meses de búsqueda, siete averiguaciones previas abiertas y por lo menos cuatro órdenes de cateo cumplimentadas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) desconoce el paradero de la niña Ilse Michel. La posibilidad de que la niña de 10 años de edad fuera una de las menores rescatadas de Casitas del Sur se vino abajo y ahora las autoridades intentan ubicarla en otros estados de la República, e incluso en el extranjero.

Además, al caso de Ilse Michel se suman otras cuatro denuncias por el extravío de igual número de menores de la misma casa-hogar.

Ayer por la mañana, la abuela materna de Ilse Michel informó que el resultado de la prueba en genética que le fue aplicada a una de las niñas que actualmente se encuentran en instalaciones del DIF nacional, y que se esperaba que fuera su nieta, resultó negativo.

Por la noche, la procuraduría local confirmó la versión y reveló que fueron dos los exámenes de ADN aplicados.

Ante ello, integrantes de la Red de los Derechos de la Infancia advirtieron que las autoridades no deben descartar ninguna hipótesis en el caso y denunciaron que no existe ningún control –tanto a nivel local como nacional– con respecto a los niños cuya tutela fue asumida por el Estado y posteriormente canalizados a casas-hogar.

En conferencia de prensa, la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, Dylcia García Espinoza, y el subprocurador de Derechos Humanos, José Ramón Amieva, señalaron que “hasta el momento” las investigaciones del caso se han limitado a los delitos de “retención de menores” y “resistencia de particulares”, por lo cual evitaron referirse a la presunta relación de Casitas del Sur con la agrupación religiosa Iglesia Cristiana Restaurada, y la declaración ministerial de que Leydi Campos Vera –ex funcionaria de la procuraduría de Quintana Roo, ligada al caso Succar Kuri–, era la persona que tomaba las decisiones en el albergue que fue cateado el 29 de enero pasado.

Horas antes, Gerardo Sauri, de la Red por los Derechos de la Infancia, denunció que el caso Casitas del Sur deja al descubierto la falta de control por parte de las autoridades de esta instituciones: “en este caso hay cosas que se tienen que hacer, pero también cosas que no se hicieron. La Ley Federal de Asistencia Social, que data de 2005, obliga al DIF, tanto nacional como los estatales, a elaborar un directorio nacional de organizaciones que prestan asistencia social para toda clase de población, y a la fecha no sabemos cuál es el avance de dicho directorio y ni las autoridades federles, ni las locales, tienen conocimiento de cuántos niños existen en albergues y cuál es su condición en este momento”.