■ Prevé que las autoridades mexicanas fracasarán al tratar de comprobarle algún ilícito
Gómez Urrutia busca juicio de extradición en Canadá para “aclarar todo” en libertad
■ Se ve claramente que Gómez Mont sigue siendo abogado de Germán Larrea, señala el líder minero
Ampliar la imagen Imagen de archivo de Napoleón Gómez Urrutia durante una charla con La Jornada Foto: Jesús Villaseca
El líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, explicó en entrevista con La Jornada que él mismo demandó a las autoridades mexicanas para obligarlas a que pidieran su extradición, para de esta forma presionar a que se inicie un juicio, sí, pero en Canadá –donde él radica– y no en México, y terminar de una vez por todas con lo que denominó “tortura sicológica” en su contra, la cual ya lleva tres años
Tranquilo y pausado, concede la entrevista vía telefónica, en la que asegura que no pisará la cárcel, que el juicio en su contra –si se inicia–, lo enfrentará en libertad y en Canadá, y aclara que no está escondido ni le teme a la extradición, por el contrario, la busca para ver si de una vez por todas se aclara todo y para regresar a México pronto.
Al cuestionársele quién pagará el proceso legal y su defensa, si los fondos sindicales están congelados, apunta que “alrededor del sindicato hay mucha más solidaridad internacional y nacional que la que el gobierno y Grupo México se imaginan”.
El dirigente, quien se autoexilió en Canadá en 2006, ha enfrentado batallas con Grupo México con la Secretaría del Trabajo y con el Poder Judicial, ya que ha librado diversas demandas que a la Procuraduría General de la República (PGR) se le han caído de las manos por falta de elementos probatorios. Sin embargo, esta instancia anunció la semana pasada que ya se había solicitado al gobierno de Canadá su extradición.
A ello, Gómez Urrutia aclaró en primer lugar que él mismo demandó a las autoridades mexicanas, porque en tres años no habían pedido su extradición; planteó que esto es un hecho “sin precedente”, y demuestra “la tranquilidad” que tiene de que “no van a poder comprobar ningún ilícito”.
El líder minero acusa directamente al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont –quien fue abogado de la empresa Grupo México–, de perpetrar una nueva embestida contra el sindicato minero y contra su persona. Señala que “se ve claramente que Gómez Mont sigue siendo abogado de Germán Larrea”, el dueño del consorcio minero, y apunta que es vergonzoso que este funcionario, que debería estar abocado a los grandes problemas nacionales, se dedique desde su puesto de poder a litigar para la empresa, e incluso “tuerce la ley” para ir contra el gremio minero.
Es una “posición indignante y penosa” que el titular de la Secretaría de Gobernación utilice su puesto sólo para servir a los intereses de unos cuantos empresarios y demuestre así su desprecio hacia los trabajadores.
Gómez Urrutia puntualizó que hasta el domingo no había ninguna información oficial de que el gobierno de México hubiera pedido la extradición de manera formal al gobierno de Canadá. Planteó que extrañamente las autoridades mexicanas tardaron tres años en iniciar esta petición, porque en realidad lo que querían era obstaculizarla, y que ya no regresara al país.
Pero en cambio amenazaban y utilizaron la palabra extradición como “arma facciosa, un instrumento faccioso del poder, para amedrentar y amenazar a nuestro sindicato, a mí en lo particular y a la organización… Por eso vamos a terminar con esta tortura sicológica”.
–Entonces, ¿está usted buscando regresar a México con este nuevo proceso?
–Por supuesto, nos vamos a ir a un juicio… Bueno, vamos a ver, porque hasta en eso hay contradicciones. Primero la PGR dice que ya solicitó la extradición, y la cancillería señala que no; luego un juez les da 24 horas para que lo aclaren, y las dos partes ratifican que sí habían hecho la solicitud, pero dan fechas diferentes. Con la demanda nuestra lo que hicimos es forzar a que se presente esta petición, y ahora tienen el problema de que solicitud es una reacción a nuestra demanda, en la que yo soy quien pide: extradítenme.
“Eso sí, nos vamos a un juicio a nivel del estándar de la justicia de Canadá, que es un país decente, que no permite que la justicia se transgreda, que se utilice para beneficios particulares y que desde luego es un país en el que no se enjuicia sobre las rodillas, como desgraciadamente estamos acostumbrados a ver en muchos casos en México.”
–Pero si encarara el juicio en México pisaría la cárcel y en Canadá lo haría en libertad.
–Según los abogados se tendría que llevar a cabo en Canadá, aquí es diferente la justicia, un país con preparación donde no se dan intereses oscuros. Entonces aquí se tendría que hacer un juicio de esta naturaleza y aquí van a tener que probar lo que han inventado, las difamaciones las tendrán que sustentar y no podrán probar nada, ni Grupo México ni la PGR, porque no hay nada y ellos lo saben, las acusaciones son falsas.
–¿Usted sigue en Vancouver?, porque una de las versiones que se manejaron es que se había movido de allí.
–Estoy en Canadá… estoy aquí, este gobierno sabe perfectamente dónde vivo, mi situación migratoria; todo lo sabe; hago mi vida normal, no estoy escondido ni me atemoriza esta situación ni me preocupa, porque el proceso se va a celebrar mediante un juicio normal ordinario, bajo la justicia de aquí.
Señala incluso que el fin de semana sostuvo reuniones con varios miembros del comité ejecutivo nacional del sindicato en aquel país: “fuimos a desayunar a un lugar ubicado en el centro de esta ciudad; allí platicamos algunas de las estrategias de las negociaciones. Yo hago mi vida normal, lo seguiré haciendo, y estamos perfectamente preparados para el proceso que viene, aquí una autoridad no le da una orden a un juez para que actúe de determinada manera. Vamos a ver si de una vez por todas aclaramos todo, si no quedan en ridículo como otras veces ha ocurrido a escala internacional”.
La imagen del gobierno de México se ha deteriorado por estos problemas de falta de justicia, hay fuertes críticas de lo que está sucediendo en el ámbito interno, y no comprenden que están presionando tanto a los trabajadores y a los ciudadanos en general que pueden provocar una crisis social, acotó el líder.