■ Toleran autoridades construcción de viviendas en zonas de riesgo
Impunidad de empresas inmobiliarias en Jalisco
■ Se permite realizar obras sin presentar estudios de impacto ambiental
■ Ciudadanos, excluidos de la elaboración de normas de urbanización
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El año pasado se inundó la unidad habitacional La Azucena, construida sobre un cauce natural en el municipio de El Salto, Jalisco
Foto: Arturo Campos Cedillo
Guadalajara, Jal., 8 de febrero. Inmobiliarias coludidas con autoridades municipales y estatales para obtener licencias, eludir permisos federales e incumplir obligaciones abusan de los compradores y ofrecen cada vez más viviendas en zonas de riesgo de Guadalajara y de los municipios metropolitanos.
Los gobiernos locales permiten los asentamientos, actúan sólo ante contingencias y criminalizan a quienes protestan por padecer los problemas que genera el desorden inmobiliario.
El caso más reciente –a principios de julio pasado– fue el del activista Raúl Muñoz, detenido por la policía municipal de El Salto, que le sembró mariguana cuando planeaba una marcha.
El líder de vecinos afectados por insalubridad e inundaciones en las nuevas colonias de esa región industrializada, también encabeza a colonos indignados por la contaminación en El Salto, provocada por el río Santiago.
El 9 de julio de 2008, en medio de las lluvias incesantes, fueron desalojadas unas 150 familias de La Azucena y Jardines del Castillo que habían ocupado viviendas deshabitadas debido a la inundación de las propias.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco ha constatado la mala calidad de las casas de interés social, particularmente en Tlajomulco. Desde el principio las obras tuvieron defectos porque los estudios de suelo fueron erróneos se usaron materiales corrientes en instalaciones eléctricas, de gas, agua y drenaje.
Los problemas llegaron con las primeras lluvias. En junio de 2008, vecinos de Santa Anita y San Agustín, en ese municipio, amanecieron en medio de agua y lodo y así descubrieron que sus viviendas se encontraban sobre cauces naturales. Días después, 45 propiedades edificadas en el cerro del Cuatro fueron casi arrasadas por un alud.
Sin embargo, la sección Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda respaldó a las compañías constructoras porque, según su presidente, Javier Michel Menchaca, en vez de irse luego de terminar las obras ayudaron a resolver la insuficiencia del sistema de colectores. Además, alegó que las inundaciones eran asunto del ayuntamiento.
En promedio, estas modestas viviendas cuestan 200 mil pesos, se pagan a largo plazo y varias empresas siguen comercializándolas pese a su mala ubicación. Pero al menos en el caso de El Salto, la Comisión de los Derechos Humanos de Jalisco constató que las inmobiliarias construyen sin presentar a las autoridades estudios de impacto ambiental.
Otras autoridades niegan el alto riesgo de construir viviendas en las inmediaciones del río Santiago, pese a la probada incidencia de cáncer y la muerte de un menor que se intoxicó al caer al cauce. La Secretaría de Salud estatal afirma que no existe contaminación grave ni peligra la vida de los pobladores.
El cabildo de Zapopan otorgó a mediados de julio pasado 190 mil metros cuadrados a la empresa Consorcio Terrenos, con el argumento de que se ubican en cañadas imposibles de utilizarse para vivienda, a cambio de que en el proyecto de urbanización Argenta Parque Residencial construyese camellones y áreas verdes.
En otro caso, vecinos de Jardines del Sol batallan contra la licencia concedida por el mismo ayuntamiento para construir viviendas en un terreno antes usado como confinamiento de desechos radiactivos, pero en el juzgado quinto de distrito la demanda de amparo de los impugnadores está congelada.
En cambio, compañías inmobiliarias obtuvieron fácilmente amparos para construir lujosas casas en 552 hectáreas del bosque La Primavera, según el recién creado Comité Universitario de Análisis Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, compuesto por académicos y especialistas.
Debido a la presión ciudadana, la dirección de ecología y fomento agropecuario de Zapopan dio a conocer, en rueda de prensa con funcionarios estatales y federales, el programa de ordenamiento ecológico territorial, a fin de regular el desarrollo urbano.
Algo parecido sucedió en Guadalajara, donde se dio a conocer que habrá participación ciudadana en la elaboración de los planes de desarrollo, por iniciativa de la regidora Celia Fausto.
A finales de junio pasado se aprobó en el Congreso del estado el nuevo Código Urbano, que hace obligatoria la consulta pública para realizar obras inmobiliarias; sin embargo, también creó la figura de “proyectos definitivos de urbanización”, que no requieren consenso alguno.
Académicos de la Universidad de Guadalajara, el Parlamento de Colonias, la Gran Alianza y el Consejo Económico y Social, excluidos de la elaboración del nuevo código, dijeron que éste beneficia a los empresarios en perjuicio de los ciudadanos y del desarrollo urbano sustentable y programado, pues no estipula normas mínimas de calidad para la vivienda de interés social.