■ Llenan el salón de plenos con empleados del tribunal y funcionarios mexiquenses

Dejar fuera del recinto a víctimas de Atenco, “decisión que deja mal parada a la Corte”

■ Sólo se permitió el ingreso a una comisión de cinco afectados, con Trini del Valle al frente

Blanche Petrich

Las más de 900 hojas que resumen la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco se encapsulan en las preguntas que José de Jesús Gudiño, el ministro ponente, resumió así: “¿Qué hay del caso Atenco? ¿Fue legítimo el uso de la fuerza en Atenco?”

Y otra más: “¿qué derechos humanos fueron violados en estos acontecimientos?”

Nueve hombres y dos mujeres, vestidos con sus togas negras, iniciaron ayer, cerca del mediodía, el trascendental debate. Y fuera de la sede del máximo tribunal, en una esquina del Zócalo capitalino, el cada vez más compacto contingente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) emprendía su enésimo plantón clamando justicia por los 13 presos que aún permanecen en las cárceles del Altiplano y Molino de Flores; por las 30 mujeres detenidas que sufrieron tortura sexual; por los dos jóvenes estudiantes que murieron ante el avance policiaco; por los golpeados, y por los torturados.

Puntuales, los atenquenses se plantaron este lunes con sus mantas, su sonido y sus machetes. Se formó la comisión acordada, se apuntaron los nombres y, encabezados por Trini del Valle, la esposa del dirigente Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años de prisión, se disponían a entrar al recinto, rodeado por un dispositivo de policías antimotines. Era un compromiso asumido por el presidente de la SCJN, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia cuando, en sus oficinas, recibió a un grupo de familiares de presos y víctimas de Atenco.

Desfile de funcionarios

Mientras esperaban que les franquearan el paso, los atenquenses verían el desfile de abogados y secretarios que entraban, uno tras otro, sin traba alguna. Entre ellos, un nutrido grupo de altos funcionarios del estado de México. Y varios litigantes del jurídico del gobernador Enrique Peña Nieto, directamente desde Toluca.

Entonces llegó la contraorden: el propio ministro Ortiz Mayagoitia mandaba decir que “ya no había lugar” para la comisión de Atenco. En efecto, el reducido salón de plenos estaba lleno. Es un recurso al que con frecuencia los ministros echan mano. Llenan desde temprano los lugares con secretarios y empleados para evitar el acceso de “grupos que puedan hacer escándalo”. Y esto ocurrió una vez más.

“Es una decisión que deja muy mal parada a la Corte –comentó el abogado defensor de los presos del FPDT, Leonel Rivero–; ningún otro tribunal del mundo se atrevería a esto: dejar fuera del recinto a las víctimas. Es algo que no se ve ni en la Corte Interamericana, en ningún otro lado.”

Llamadas urgentes, mensajeros, gestiones. Se concedió espacio para tres comisionados. En la banqueta se deliberó: no eran suficientes, no era lo acordado, ni siquiera era proporcional a la representación del gobierno mexiquense. Faltaban cinco minutos para que se levantara la sesión cuando finalmente se dio luz verde y, con Trini del Valle al frente, ingresaron cinco atenquenses.

“Alcancé a oír algo que dijo Góngora Pimentel que me gustó”, diría más tarde.

Era una tesis adelantada por el ministro que citaba un principio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostiene que la protección a las garantías fundamentales no puede confundirse con la justicia penal. Por tanto, no se puede pedir –como lo propone el dictamen de Gudiño, que las víctimas demuestren que les fueron vulnerados sus derechos”. Es, insistió el ministro, “el Estado el que tiene que demostrar que no ocurrieron las violaciones a los derechos humanos”.

En torno a sus preguntas y a su hipótesis de que en Atenco ocurrieron, en efecto, graves violaciones a los derechos humanos, Góngora Pimentel centró el análisis de su conclusión en las carencias y las deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad y la inexistencia de marcos legales que ordenen sus acciones.

A partir de ahí se propuso que el caso Atenco “no debe quedarse en Atenco”; que la discusión de hoy se vea “como una oportunidad para dar contenido y límites humanitarios al uso de la fuerza pública”, que a la solución se le dé “un alcance nacional”.

Pero sólo Góngora puso atención al tema de las víctimas. Refirió que cuando leía el dictamen, “tenía que hacer pausa después de leer cada página, por asombro al percatarme de la magnitud de los errores y horrores de los que son capaces nuestros gobernantes”. Para concluir sugiriendo que el alcance del debate y la solución de los ministros vaya más allá de los límites impuestos: “somos –recordó– la última instancia nacional que puede coadyuvar a reparar las violaciones a los derechos humanos, y sentar límites para que estas conductas no se vuelvan a repetir en el futuro”.