Promete gobernador de Sinaloa apoyo a niña jornalera mutilada
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El gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, prometió gestionar indemnización, prótesis y tratamiento para Ángela Barraza, de 10 años de edad (a su izquierda), quien perdió un brazo cuando trabajaba en una planta empacadora de verduras
Foto: La Jornada
Culiacán, Sin., 9 de febrero. El gobernador Jesús Aguilar Padilla prometió apoyar gestiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras dependencias para que la niña Ángela Barraza, de 10 años, quien sufrió la amputación de su brazo izquierdo debido a un accidente en una empacadora de productos agrícolas, reciba una prótesis, tratamiento e indemnización.
La menor, sus familiares y vecinos de la comunidad Costa Rica, en el sur de Culiacán, abordaron al mandatario cuando éste realizaba una gira de trabajo. Primero Ángela le pidió al mandatario apoyo para su escuela y sus vecinos, pero sus familiares lo abordaron posteriormente y le pidieron apoyo.
“Ángela Barraza tuvo un lamentable accidente allá en el campo Perras Pintas. Nuestro equipo jurídico va a contactar a los abogados del IMSS para ver la posibilidad de la prótesis y la indemnización correspondiente”, dijo Aguilar Padilla.
La menor perdió el brazo cuando trabajaba en una banda transportadora en MICSA, empresa propiedad de Manuel Zazueta Canelos, el 23 de enero. Ese día fue intervenida quirúrgicamente en la clínica del IMSS de Costa Rica, donde fue necesario amputarle el brazo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Dirección del Trabajo de Sinaloa intercedieron en favor de la niña, quien estudia el quinto grado de primaria, para multar al empresario y obligarlo a cumplir sus obligaciones laborales, pero Ángela no ha recibido los beneficios a los que tiene derecho.
El gobernador reconoció que ignoraba “cómo estuvo el accidente”. En cuanto a la contratación de menores de edad en MICSA, Aguilar Padilla dijo: “Es un trabajo permanente erradicar el trabajo infantil en los campos. Es inadmisible. Creo que se ha avanzado mucho. Ya son muy pocos los campos que todavía no acatan las normas que coordinadamente hemos implementado el Unicef (Fonde de las Naciones Unidas para la Infancia), la Secretaría de Trabajo federal y nosotros”.