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Vista del conjunto urbano Hacienda Santo Tomás, donde aún hay casas en obra negra. Colonos afectados aseguran que las autoridades del estado de México no han atendido las demandas legales que han interpuesto contra la empresa Cooperativa de Vivienda Nuestro Hogar
Foto: Mario Antonio Núñez López
En 1999 el entonces gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, autorizó la construcción del conjunto urbano Hacienda Santo Tomás, en el municipio de Nicolás Romero. Nueve años después, el fraccionamiento no está concluido, y a pesar del incumplimiento la inmobiliaria Cooperativa de Vivienda Nuestro Hogar no ha sido sancionada por las autoridades de Desarrollo Urbano estatal.
Vecinos de Hacienda Santo Tomás aseguraron que existe “contubernio” entre el gobierno mexiquense y la inmobiliaria, cuyo representantre legal es el militante priísta Miguel Ángel Rubín Estrada, quien encabeza en Naucalpan el Consejo de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social, instancia encargada de determinar, junto con la Secretaría de Desarrollo Social local, qué obras requiere el municipio.
Los afectados presentaron denuncias por fraude ante la procuraduría estatal, pero sus quejas no han prosperado. Recientemente interpusieron una queja ante la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría mexiquense y acusaron a la secretaria de Desarrollo Urbano, Marcela Velasco, de negligencia y corrupción.
Jorge Gódinez Santa Ana, coordinador de la Asociación de Colonos de Hacienda Santo Tomás, aseguró que Rubín Estrada ya recibió autorización para dos conjuntos habitacionales más, en Tecámac: Hacienda San José y Rancho La Capilla, en los que se pretende construir más de cuatro mil viviendas.
De acuerdo con la Gaceta de Gobierno del 21 de septiembre de 1999, la inmobiliaria tenía 36 meses para acabar el fraccionamiento y entregarlo al ayuntamiento de Nicolás Romero en septiembre de 2003.
Las viviendas de Rancho Santo Tomás empezaron a venderse en 2000, y en dos años se adquirieron los 263 lotes, explicó Gódinez Santa Ana. “La inmobiliaria se comprometió a entregar las casas con todos los servicios: electricidad, drenaje, escuela, centro médico, áreas verdes, y a la fecha los servicios están a medias; no tenemos centro médico ni escuela; la luz y el drenaje son insuficientes y hay casas que se quedaron en obra negra; además, algunas calles están sin pavimentar.”
Gódinez Santa Ana sostuvo que la inmobiliaria no pagó la garantía que por ley exige el gobierno del estado para hacerla válida ante cualquier incumplimiento. “Todo esto es un fraude que el gobierno del estado ha solapado, porque no han hecho cumplir a la cooperativa. Están protegiendo a una persona que tiene contubernio con ellos. En la secretaría de Desarrollo Urbano sólo nos dan largas, pero hemos llegado al límite y tomaremos otras acciones. En principio, el 4 de marzo nos plantaremos frente al palacio de gobierno (en Toluca)”, adelantó.