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¿Qué esperan de Obama los braceros?

Rufino Domínguez Santos

En los 67 millones de hectáreas de los campos fértiles de California, Estados Unidos, se estima que laboran 480 mil trabajadores del campo, de los cuales 85 por ciento son mexicanos, y de éstos 18 por ciento somos indígenas, de acuerdo con cifras difundidas en 2006. Estos números han aumentado 20 por ciento debido a la creciente migración de las comunidades indígenas en los años recientes.

Según han revelado varios investigadores del mercado laboral, en el campo de esta población diez por ciento son hijos e hijas de mexicanos nacidos en Estados Unidos y cinco por ciento son descendientes de centroamericanos y sudamericanos.

Desde los verdes campos del condado norte de San Diego, el valle de Coachella –ubicado en el sur del estado–, el condado de Santa Bárbara, el inmenso valle de San Joaquín, el valle de Salinas –en el centro del estado– y el condado de Sonoma –en el norte–, entre los más importantes, las manos callosas de hombres y mujeres trabajadores del campo levantan 27 millones de toneladas de vegetales, legumbres, hortalizas y frutas. Ellos son quienes llenan día a día la canasta de la abundancia para que la producción llegue a la mesa de los estadounidenses y del mundo entero.

Trabajo escaso y con poca paga. Se trata de empleos temporales que duran desde 20 días hasta tres meses. Mientras no hay trabajo, los jornaleros descansan y se mantienen con lo que hayan ahorrado en la temporada activa. El salario mínimo en California es de ocho dólares por hora, pero cuando se trabaja por pieza, la mayoría de trabajadores no gana eso, aunque la ley laboral ordena que los patrones lo deben pagar.

La crisis económica ha estado presente siempre en este sector, pero desde hace dos años se ha agudizado porque han disminuido aún más los ingresos familiares debido al cese de trabajos en la construcción, restaurantes y jardines, entre otros. Durante el invierno, los trabajos de poda de los árboles en el valle de San Joaquín sólo duraron 20 días y hasta un mes y medio, cuando antes duraban de un mes y medio a tres meses.

Esto debido a que los trabajadores que estaban en otros sectores tuvieron que trabajar en los campos. El exceso de mano de obra dio lugar a que los patrones se aprovecharan y redujeran sus pagos bajo el dicho de “si quieres trabajar, éntrale, si no, no hay problema, trabajadores hay de sobra”. Aunque muchos no estaban de acuerdo, la mayoría aceptaba para ganar aunque fuera un poquito. Ahora los desempleados tienen que esperar tres meses antes de que comience la nueva temporada y quizá van a tener que enfrentar la misma situación u otra más difícil.

Los jornaleros, con Obama. Esta es la situación en el campo estadounidense en momentos en que Barack H. Obama inicia su gestión como presidente de Estados Unidos. Durante su campaña y antes de la elección, la mayoría de los trabajadores del campo decidieron apoyar a un nuevo partido y a un nuevo candidato. Me daba cuenta al hablar con ellos en persona o por teléfono de sus expresiones; percibía el coraje y la decisión por un cambio económico, político y social en el país (sobre todo en el aspecto migratorio).

Cuando el flamante candidato ganó la elección del 4 de noviembre con una barrida total ante su contrincante, muchos trabajadores agrícolas celebraron desde sus casas esta victoria, llamándose entre ellos por teléfono y brindando por el triunfo de la esperanza.

Claro que la prioridad número uno para los trabajadores agrícolas es el mejoramiento de la economía, porque de esto depende el bienestar de la familia, desde el pago de la renta o de la casa hasta los gastos por servicios, transporte, el cuidado de niños y la comida. Todo esto es demasiado caro para ellos y sus familiares. No es suficiente el salario mínimo actual porque no alcanza para la sobrevivencia.

El segundo punto es una posible legalización integral para todos los trabajadores, incluyendo los constructores, de limpieza, obreros, jardineros y del campo, para que les permita salirse de los escondites, trabajar libremente sin ningún temor e ir y venir de sus pueblos y comunidades de origen sin tener que pagar el “lujoso costo de un coyote” por “brincarse” la frontera en busca de una mejor vida que lamentablemente el gobierno mexicano no ha podido garantizar para nada en los 30 años recientes.

En tercer lugar está la seguridad y salud en los lugares de trabajo, donde hay riesgos en la transportación, por posibles caídas en escaleras, cortaduras o lastimaduras y por envenenamiento por pesticidas, herbicidas o toda clase de químicos que se usan en los campos de cultivo.

Hay que mencionar también el riesgo de muerte por insolación, que en el verano es más frecuente, ya que en cada temporada de trabajo hay innumerables decesos y la mayoría no son reportados a las autoridades debido al temor derivado de no tener “papeles”.

En los campos del condado norte de San Diego, algunas partes del valle de Salinas y el condado de Sonoma, cientos de trabajadores del campo viven debajo de la tierra y de los árboles o en casuchas de plástico y cartón de papel construidas por ellos mismos. Y los que viven en las ciudades, están hacinados en un apartamento o casa, no porque les guste vivir así, sino porque es una solución ante el alto costo de la renta. Algunos arrendatarios aprovechan para sacarles dinero rentando garajes y lugares no aptos para vivir.

Los trabajadores tienen mucha esperanza de que haya un cambio: que se mejore la situación económica y haya una legalización para todos. La solución de estos dos problema sería un gran alivio y un acto de justicia para los casi medio millón de trabajadores del campo en California y más de dos millones en todo Estados Unidos. Sin embargo, muchos están conscientes de la gravedad de la situación, la cual no se puede mejorar rápido como se quisiera aunque el gobierno haga lo que haga. Lo económico tardará, pero la reforma migratoria puede lograrse de inmediato si el presidente Obama, junto con el Congreso, así lo deciden y ésa es la expectativa.

Director ejecutivo del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño

Pocas esperanzas para reforma migratoria y renegociación del TLCAN

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Silvano Aureoles, perredista senador de la República por Michoacán, formó parte del grupo de legisladores que acompañó al presidente Felipe Calderón en su visita a Washington, DC, a mediados de enero. Aunque este grupo no participó en la reunión con Barack Obama, sí tuvo encuentros con sus pares de Estados Unidos (representantes y senadores) y con directivos de centros de análisis e investigación enfocados a los temas de migración, comercio y derechos humanos, como el Centro Woodrow Willson, el Instituto Heritage y el Instituto de Políticas Públicas en Materia Migratoria.

La impresión que dejó en Aureoles Conejo esa visita fue que “si bien fue un buen gesto que Obama haya recibido a Calderón previo a su toma de protesta como presidente de Estados Unidos (EU), no veo que eso vaya a cristalizar en resultados concretos en lo que a nosotros nos interesa, particularmente el problema migratorio. Ese tema no está en la agenda de ellos. Es más México no está en su agenda como prioridad (...) Si hace ocho años el problema del terrorismo (el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 9 de septiembre de 2001) impidió avanzar en la reforma migratoria de EU, ahora la crisis financiera internacional será el obstáculo, pues se están enfocando a enfrentarla”.

En la visita vimos que hay unos legisladores y estudiosos muy proclives a México, muy amigos, “que consideran que el gobierno de EU ha sido injusto y no ha dimensionado en forma correcta lo que México significa para su país, más allá de los conflictos en la frontera o si los narcotraficantes pasan por México y van a EU o llegan mexicanos a buscar empleo. Pero otros creen que México es un lastre para EU y que quiere que siempre lo esté salvando y resolviendo sus problemas; y algunos de plano consideran que EU debería cerrar de forma total su frontera con México. Hay de todo, y es que hay un 30 por ciento de la población estadounidense que sigue pensando contrariamente a la amistad con México”.

En cuanto a las posibilidades de modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Ejecutivo mexicano siempre ha estado en contra y en corto Felipe Calderón le dijo a Obama que ni se metieran en una revisión por todas las implicaciones que habría. Además el propio Obama tiene asesores, como la que fuera poderosa secretaria de Estado con Bill Clinton, Madeleine Albright, quien piensa que “es un horror, un absurdo” hablar de revisar o derogar el TLCAN. Pienso que Obama ya cambió su percepción del TLCAN, y que sí va a seguir hablando de sus preocupaciones de los temas laborales y de medio ambiente en el TLCAN, pero ya con un tono distinto, no en la vía de la revisión.

“Los legisladores mexicanos debemos tener un papel muy activo dentro y fuera del país. Debemos acercarnos a nuestras contrapartes en Estados Unidos para allegarles información, que mejore la percepción de México e impedir que la reforma migratoria, que es prioridad para nosotros, se diluya” (LER) .

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Migración y desarrollo:
más allá del TLCAN

Óscar Chacón y Amy Shannon*

En todo el hemisferio, los gobiernos están confrontando una incómoda realidad. Aun cuando el incremento del comercio ha motivado crecimiento económico en algunos sectores, esto no se ha transformado en oportunidades económicas para la mayoría de la gente en las regiones pobres. Al contrario, muchos países en América Latina experimentan mayor desigualdad, con los más pobres de los pobres en el punto más crítico de los perdedores de la ecuación. Un documento reciente del Banco Mundial –“ Does more international trade openness increase world poverty? ”– sugiere que aun cuando la liberalización comercial puede conducir al crecimiento, tiende a concentrar la riqueza y puede tener efectos no intencionales de exacerbación de la pobreza.

Durante los pasados 15 años, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en vigor en México, Canadá y Estados Unidos, las promesas de integración regional siguen sonando vacías para la mayoría de los mexicanos y para muchos otros del continente americano.

Durante el debate sobre el TLCAN a principios de los 90s, sus promotores argumentaban que el acuerdo comercial reduciría la migración, impulsaría protecciones ambientales trinacionales y crearía nuevos trabajos para todos. La experiencia de la década pasada ha probado algo muy diferente. A pesar de las crecientes restricciones en la frontera, millones de mexicanos han huido de sus deterioradas economías rurales para buscar trabajo en Estados Unidos. El rol dominante de China en las manufacturas a escala global sugiere fuertemente que México no va a lograr un avance económico por medio de mano de obra barata y simple maquila. La atracción de la economía en el lado estadounidense de la frontera, con su fuerte demanda de trabajadores agrícolas, de empleados para el sector de servicios, para el procesamiento de carne de res y pollo y otros trabajos manuales, está generando rápidamente un mercado laboral hemisférico integrado, una realidad no contemplada en el TLCAN. Al mismo tiempo la clase trabajadora en Estados Unidos ha sido testigo de una constante erosión de su calidad de vida. Millones carecen de acceso a servicios de salud, envían a sus hijos a escuelas de bajos estándares y luchan por salarios que les permitan vivir. Las enfermedades sociales de la globalización económica tienen una extraordinaria similitud a lo largo del hemisferio.

Así como nosotros miramos hacia estos 15 años del TLCAN, deberíamos hacer preguntas a quienes diseñan las políticas públicas acerca de los beneficios programados de los acuerdos comerciales orientados hacia la exportación y el crecimiento a cualquier costo. Y tal vez algo más importante: deberíamos comenzar a diseñar políticas que respondan a las realidades de nuestro mundo crecientemente globalizado y poner en primer plano de nuestra agenda el desarrollo sustentable, con las personas como elemento central. Es tiempo de romper las barreras que impone la política y separan la migración de su causa, que es la falta de desarrollo sustentable, y buscar soluciones en políticas que reconozcan el grado en que nuestro futuro estará siendo dependiente profundamente de nuestros vecinos. También debemos involucrar a los migrantes y sus familias como actores sociales claves.

La cuestión de movilidad humana a lo largo de las fronteras es deliberadamente ignorada bajo el modelo del TLCAN o de la integración económica y comercial, a pesar de las conexiones obvias entre economía, cambios en la producción y migración. En contradicción, nuestro debate nacional alrededor de la política de inmigración en Estados Unidos ignora consistentemente el factor fundamental de por qué la gente encuentra necesario abandonar sus hogares en primer lugar. Como los políticos debaten los méritos relativos de la seguridad en la frontera y la militarización, se ganó una legislación, pero se otorga poca atención a las causas que conducen a la migración desde México y alrededor del mundo: la profunda desigualdad, la inseguridad y la falta de oportunidades.

Si nosotros vamos a desarrollar políticas que promuevan un desarrollo sostenible en el largo plazo en nuestro hemisferio y proporcionen oportunidades económicas para la gente en sus propias comunidades, debemos reconocer la naturaleza interconectada de factores que están causando que mucha gente deje sus lugares de origen en busca de una mejor vida en otro país. La presión económica y los factores que impulsan a la migración son amplificados por una homogenización de las expectativas culturales, conducidas por los conglomerados de comunicación globales, y estimuladas por la televisión y la cultura consumista del Norte. La migración también es motivada por el saludable impulso humano de reunirse con familiares. La migración permanecerá como un factor significativo en el previsible futuro económico, cultural y político de nuestro hemisferio. Más que negar este fenómeno, debemos enfocarnos en las formas de aprovechas las experiencias de los migrantes y buscar una más sostenible visión centrada en las personas.

La Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe (National Alliance of Latin American and Caribbean Communities, NALACC) coordina esfuerzos para la defensa de más de 75 organizaciones basadas en la comunidad de inmigrantes latinos en Estados Unidos, en asuntos que van desde reforma migratoria hasta compromiso cívico y desarrollo sustentable.

Los inmigrantes latinos y del Caribe juegan ya un papel fuerte y visible en sus países de origen y están comenzando a asumir un rol más visible en la Unión Americana.

En los dos años recientes, las organizaciones que forman NALACC se han empeñado en un diálogo político orientado a promover el desarrollo sustentable de largo plazo. Como resultado de ello, las siguientes ideas podrían ser un primer paso para un nuevo acercamiento a una integración regional y desarrollo de nuestro hemisferio:

-Reconocer la urgente necesidad de modificar las políticas comerciales y de desarrollo que Estados Unidos ha propiciado en Latinoamérica durante los pasados 20 años. Las actuales políticas han fallado por mucho para permitir que la mayoría de las personas salgan de la pobreza y han profundizado la desigualdad económica en la región. En lugar de seguir buscando más acuerdos comerciales, concebidos de forma enfermiza, las políticas de asistencia estadounidense para el desarrollo deberían fortalecer economías locales y apostarle al desarrollo sostenible. El colapso de las economías rurales es un factor que impulsa a la gente a emigrar. Dada la importancia de la producción local agrícola para la subsistencia de muchos latinoamericanos, deberíamos dar prioridad a construir mercados locales y regionales fuertes y a cuidar el medio ambiente, para lo cual se necesita revisar los subsidios que Estados Unidos da a su producción agrícola.

- La Unión Americana debe dar pasos hacia una reforma migratororia. Unos 10 millones de personas viven con temor, al margen de la sociedad, sufren obstáculos para ser entes sociales comprometidos cívicamente y para ser totalmente productivos. Una reforma migratoria sensible debería incluir un esquema para la residencia permanente, con una pronta y justa opción para la nacionalización de aquellos que ya viven, trabajan y han hecho familia en Estados Unidos. También debe atender peticiones, algunas de más de una década, de reunificación de familias.

-Debido a que todos los países en nuestro hemisferio están experimentando migración en dinámicas cada vez más complicadas, deberíamos trabajar para establecer estándares mínimos de trato a los migrantes en los países de origen, destino y tránsito, que estén basados en los principios de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Como primer paso, la migración debería ser discriminalizada.

-Además de re-evaluar nuestros políticas económicas y sus alcances de largo plazo, hay que dar pasos inmediatos para reducir las asimetrías que propician migración, incluyendo una moratoria para nuevos acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales que no tomen en cuenta las diferencias significativas entre la economía de EU y la de sus potenciales socios, y la construcción de mecanismos apropiados de compensación, así como protecciones laborales y del medio mabiente. Las asociaciones de inmigrantes pueden y deben ser parte de un diálogo nacional para repensar el camino qque deben tener las relaciones comerciales.

*Extracto del artículo del mismo nombre, publicado por Global Exchange en The right to stay home. Alternatives to mass displacement and forced migration in North America , 2008.

Mordiendo la mano que nos alimenta

• Trabajadores migrantes en Nueva York, sin gozar derechos básicos

Joseph Sorrentino

Hay una cierta belleza en la cosecha de la col, pues los hombres y la máquina se mueven en sincronía para levantar los cultivos. Los trabajadores, tres hombres, están encorvados y caminan con lentitud en reversa al tiempo que un tractor empuja continuamente una gran canasta hacia ellos. Al unísono, los hombres toman con una mano la parte superior de las coles y hacen un corte limpio en la base con sus machetes. Sin romper la dinámica, lanzan las coles hacia la canasta. Esto se repite sin descanso hasta que la canasta se llena. Es como un ballet. Pero es un ballet brutal. A pesar de que es una mañana relativamente fría, los hombres están sudando profusamente.

“Cosechar coles es lo peor”, dice Juan Carlos, un jornalero migrante. “De cada cinco personas, tal vez sólo una puede hacerlo. Es como traer una clavo en tu espalda.”

El tractor sólo se detiene cuando es tiempo de cambiar las canastas. Los hombres pueden entonces robar un minuto o dos para estirarse, tomar algo de agua y afilar sus machetes. Es necesario mantener afilados los machetes para que las coles puedan ser cortadas rápidamente. “Yo me he cortado varias veces”, continúa Juan Carlos. “Si no es profunda la herida, sigo trabajando; si lo es, espero hasta que cure. Una vez tuve ocho cortadas y dejé de trabajar cuatro días, no más. Necesitaba dinero.”

El trabajo agrícola está demandando mano de obra, requiriendo largas horas en todo tipo de climas. También requiere habilidades especiales. “Uno de los mitos en la sociedad es que los trabajadores migrantes no tienen especialización”, dice George Lamont, un productor de manzanas. “Eso es totalmente erróneo. Hay trabajadores altamente especializados. Toma entre dos y tres años tener un buen cosechador de manzanas”. Aun así, los trabajadores migrantes están entre los peor pagados en Estados Unidos (su ingreso promedia unos 10 mil dólares por año) y en Nueva York son sujetos a las llamadas leyes de exclusión que les niegan derechos garantizados a la mayoría de los otros trabajadores, incluidos el de un día semanal de descanso, el pago de tiempo extra y la contratación colectiva. Una vez más este año, igual que en los tres anteriores, los defensores de los trabajadores tratarán de convencer a la legislatura neoyorkina que apruebe el Acta de Prácticas Justas para los Trabajadores del Campo (Farmworkers Fair Labor Practice), la cual podría remover esas exclusiones. Y una vez más, los agricultores y sus abogados harán todo lo posible por bloquear esta ley.

Perspectiva de los patrones. Los agricultores temen que remover las leyes de exclusión incrementará sus costos laborales, los cuales representan ya un alto porcentaje de sus gastos. “Los costos por manos de obra participan en alrededor de 45 por ciento de los costos totales de un cultivo”, dice Bob King, de la Cornel Cooperative Extensión, y Lamont también cita este dato. Kathy Martin, de Martin Farms, estima que sus costos laborales son de 60 por ciento y “podrían ser menores que eso”. Adicionalmente, en virtud de que los precios de los alimentos son establecidos por los minoristas y los procesadores, los agricultores se quejan de que no pueden compartir con ellos sus costos. “La mayoría de nosotros vendemos al mayoreo”, dice Martin, “y si ellos quieren comprarme coles y yo digo: ‘es a diez centavos la libra', y ellos dicen ‘cinco centavos la libra', yo tengo que decidir si tomo esos cinco centavos o dejo pudrir la cosecha”.

Los agricultores son presionados por el incremento de los costos y, con la globalización, por la creciente competencia. “Acostumbrábamos competir sólo dentro del país”, dice Lamont, “pero ahora estamos en un mercado mundial”. Kathy Martin está de acuerdo. “China y México tienen precios muy baratos debido a que sus costos de mano de obra son muy bajos”, dice. “Ellos pueden poner sus productos en este país a un precio en que los agricultores estadounidenses no podemos ni siquiera producirlos”. Cualquier cosa que incremente sus costos -–como la remoción de las leyes de exclusión— dejaría a los agricultores fuera del negocio. Esto propiciaría un decremento en el número de empleos disponibles para los trabajadores migrantes.

Muchos estadounidenses no se dan cuenta de que absolutamente toda nuestra producción es cultivada y cosechada a mano, la mayor parte por trabajadores migrantes. Hay alrededor de 60 mil jornaleros en Nueva York, 40 mil de los cuales son extranjeros. Casi todos los trabajadores migrantes y jornaleros agrícolas son mexicanos o mexicanos-estadounidenses.

En un pequeño apartamento a las afueras de Brockport, 12 hombres y una mujer esperan el comienzo de la temporada de plantación. Cinco colchones sucios y viejos están en línea en la habitación principal del oscuro lugar y los jóvenes –algunos adolescentes, de unos 14 años de edad— haraganean viendo un programa en español en un televisor pequeño. El apartamento tiene sólo un baño. Una pequeña recámara es usada por una pareja joven; ella está preñada de su primer bebé. “Trabajará hasta que esté lista para que nazca el niño”, dice orgulloso el marido.

Coyotes mafiosos. Hay inicialmente un rechazo a hablar acerca de la experiencia del cruce de la frontera o de cómo son sus vidas aquí. En Estados Unidos se restringe el número de inmigrantes permitido, y la mayoría de las personas en este apartamento están aquí ilegalmente. Si son descubiertos, serán enviados de regreso a México. Debido a que no pueden obtener permiso para entrar a Estados Unidos legalmente, ellos han tenido que cruzar la frontera de forma costosa y peligrosa bajo el control de los llamados “coyotes”. “Los coyotes son como una mafia”, dice un trabajador migrante. “Una mafia estadounidense y mexicana”.

FOTOS: Joseph Sorrentino

“Somos de diferentes lugares de México”, dice Juan, un vocero no oficial del grupo. “Chiapas, Oaxaca... estos dos son de Guerrero”. Ello significa que algunos de ellos han viajado más de 3 mil 500 millas . “Nos cuesta unos 2 mil 500 dólares llegar aquí”, dice Isidro. Eso incluye el costo de cruzar la frontera y viajar a Nueva York. Los trabajadores de áreas rurales de México, de donde la gente viene, gana unos cuatro dólares diarios en su país, por tanto es imposible que puedan ahorrar. “Yo pedí prestado dinero a un hombre rico de mi pueblo para pagar al coyote”, dice Salvador Solís, un antiguo trabajador migrante y ahora participante del Congreso de Trabajadores Agrícolas Independientes. “Entonces debo pagar. Fueron dos mil pesos del préstamo y tengo que pagar dos mil 500 o tres mil, no recuerdo. Esto, por los intereses”. Quienes no pueden conseguir dinero prestado, se comprometen con deudas con los coyotes o con “contratistas”, esto es gente que recluta personas para llevarlas a trabajar con agricultores.

A Víctor le costó dos mil dólares cruzar la frontera y un monto no determinado para viajar desde allí hasta Brockport. “No sé cuál es el costo desde la frontera hasta Nueva York”, dice. “El contratista no me lo mencionó. Cada semana le abono cien o 150 dólares. El resto del dinero lo envío a México para pagar otra deuda que tengo del transporte de mi pueblo hacia la frontera y para mi familia”. El trabajo agrícola tiende a ser esporádico, con semanas de 70 horas de labor intercaladas con semanas con poco o nada de trabajo. Cuando no hay trabajo, no hay paga y por eso a muchos migrantes les toma un año o más pagar sus deudas. El alto costo del trayecto para llegar a Estados Unidos no garantiza seguridad ni un trato justo.

Se estima que 400 personas mueren cada año en el intento de pasar ilegalmente de México a Estados Unidos. Desde los ataques terroristas, se ha reforzado la vigilancia a lo largo de la frontera, obligando a la gente a cruzar en los puntos más remotos y peligrosos. El viaje está lleno de dificultades. “Es peligroso”, dice Daniel. “Te pueden asaltar ladrones, te puedes morir al atravesar el desierto, por calor o por desesperación”. Juan hizo este cruce de frontera hace varios años y ha permanecido en Estados Unidos, trabajando. “Yo vine de Chiapas a Florida”, dice. “Pasé seis días sin comida con muy poco agua. Estuve en Phoenix tres días, viviendo en el estacionamiento del coyote con otras 12 personas. Sólo nos daban un poco de agua. “Yo no sabía nada... nadie”.

* Extracto del artículo “Slapping the hand that feeds us”, publicado por City Paper, de Rochester, en 2003.
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