■ Incita a pobladores a enfrentarse con integrantes de la resistencia contra altas tarifas de luz
La CFE provoca conflictos entre habitantes indígenas de Chiapas, denuncia grupo civil
Ampliar la imagen
Manifestación de tzeltales ante las altas tarifas de la luz
Foto: Moysés Zúñiga Santiago
San Cristóbal de las Casas, Chis. 14 de febrero. Representantes de comunidades de 50 municipios que conforman la Red Estatal de Resistencia Civil La voz de nuestro corazón, adherente a la otra campaña, acusaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de sostener “una estrategia de provocación de conflictos en las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas, al buscar corromper a diversas autoridades ejidales, comunales y municipales para que inciten a una parte de la población a enfrentarse contra las familias que participan en la justa y legítima lucha de resistencia en contra de las altas tarifas”.
La red denunció actos de hostigamiento, amenazas de muerte e incluso asesinatos, auspiciados o solapados por la paraestatal, “en complicidad con las autoridades municipales”.
Un muerto y varios heridos en Sitalá
Durante la asamblea, iniciada el viernes y que concluyó hoy, La voz de nuestro corazón destacó hechos ocurridos en semanas recientes en la comunidad La Gloria, municipio de Venustiano Carranza, “hostigada por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante órdenes de presentación” contra tres participantes de la resistencia, así como la confrontación entre indígenas en la comunidad Don Pedro, municipio de Sitalá, provocada por trabajadores de la CFE el pasado 6 de febrero.
En este último caso, un grupo de pobladores oficialistas, azuzados por trabajadores de la CFE, quisieron “cortar la luz a familias en resistencia, arrojando el saldo de un campesino muerto y varios heridos”, recordó la red estatal.
Dirigiéndose a la sociedad civil, al presidente Felipe Calderón, al gobernador Juan Sabines Guerrero y al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, los representantes del movimiento civil de resistencia a las altas tarifas eléctricas rechazaron estas acciones y responzabilizaron “de manera directa a los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a la CFE, de lo que pueda suceder dentro y fuera de nuestras comunidades indígenas y campesinas”.
Esta resistencia, cabe señalar, está muy extendida en Chiapas desde la década pasada. En la costa, la frontera, la zona norte, los Altos y la selva Lacandona se manifiesta la oposición a los cobros excesivos de energía en comunidades pobres, mientras se exenta o “estimula” a las grandes empresas. Es uno de los espejos más nítidos de la desigualdad, y si bien se manifiesta con especial contundencia en importante número de comunidades zapatistas, es una lucha común para centenares de comunidades y colonias urbanas de diversas adscripciones políticas.
Así, la Coordinación Estatal de Chiapas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), a raíz de la agresión en Sitalá, este viernes subrayó “la enorme responsabilidad de la CFE y del gobierno del estado” en el “lamentable suceso”, ya que en “vez de atender los justos y legítimos reclamos de cientos de comunidades ante las elevadas tarifas de energía eléctrica, han optado por criminalizar nuestra lucha y han recurrido a engaños, como sus programas Luz amiga, Tarifa vida mejor y ahora Luz solidaria, buscando por diversos medios confrontar y dividir a las comunidades y generar enfrentamientos entre quienes pagan el servicio y quienes nos encontramos en resistencia. Lo acaecido en Sitalá es un llamado serio de atención y una consecuencia de esta criminal política”.
En tanto, la asamblea de La voz de nuestro corazón se solidarizó con los pobladores de Candelaria, Campeche, otro lugar “donde la CFE busca utilizar las leyes para reprimir a los pueblos que defienden sus derechos”; también con los miembros del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac), “quienes han sufrido amenazas y hostigamiento por parte del Estado”.
Hostigamiento
El jueves pasado, el Ciepac dio a conocer que Norma Iris Cacho Niño, coordinadora operativa de la organización no gubernamental, con sede en San Cristóbal de las Casas, ha padecido espionaje y hostigamiento telefónico después de la marcha-caravana de mujeres, que cruzó el país desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Chiapas y la cual se realizó entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Cacho participó activamente en esa protesta.
El asedio “se enmarca en un contexto de agresiones, amenazas y hostigamientos entre octubre de 2008 y enero de 2009 en San Cristóbal de las Casas, lo cual recuerdan el clima represivo que se vivió en Chiapas de 1995 a 1997”.
El Ciepac lo considera “parte de una estrategia amplia de represión contra las comunidades, organizaciones y personas, particularmente mujeres”, dentro de una “creciente tendencia represiva, fomentada desde los grupos de poder y diversas instituciones de gobierno”.