La decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de perdonar a Televisa y TvAzteca es un acto demoledor contra la credibilidad de la autoridad, pues otorga un estatuto de impunidad a los poderes fácticos, evidencia que es capaz de negociar la ley y someterse a las presiones. El acuerdo con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión que sirvió de base para la decisión no es más que un catálogo de las ilegalidades en que incurrieron y les fueron condonadas, consideró el especialista Miguel Eraña.

Agregó que los alcances del acuerdo son tan absurdos como si pudiéramos imaginarnos que las comisiones de derechos humanos negociaran convenios con quienes violan las garantías individuales. De tal nivel es la omisión en que incurrieron los cinco consejeros (Marco Antonio Baños, Marco Antonio Gómez Alcántar, Arturo Sánchez, Francisco Guerrero y Benito Nacif) que votaron por el sobreseimiento.

Eraña subrayó la conducta de los consejeros que, salvo por la preocupante actitud temerosa de los partidos frente a las televisoras, deberían enfrentar un procedimiento por omisión en sus funciones. A todas luces, dijo, el acuerdo firmado con la CIRT es ilegal, porque sólo es un resumen de las violaciones a la ley que se les perdonaron con la promesa de que no se volverán a repetir.

Por su parte, el académico de la UAM Gabriel Sosa dijo que con su decisión de no sancionar a las televisoras, el IFE se colocó en una situación de vulnerabilidad y ello constituye una mala señal de lo que podría venir, no sólo en las próximas elecciones, sino en 2012, porque la democracia es la que podría quedar más dañada.

Mientras, el presidente del Partido Socialdemócrata (PSD), Jorge Carlos Díaz Cuervo, adelantó que impugnará las bases de colaboración y el acuerdo firmado entre el IFE y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, por violar la legislación vigente.