Oaxaca, Oax., 17 de febrero. El Comité de Familiares de Detenidos-desaparecidos Hasta Encontrarlos, que reclama la presentación con vida de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, sostuvo que la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es sin duda de gran importancia, porque refleja que el Estado mexicano es el responsable de su desaparición, y pidió que el exhorto se amplíe a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por tener también competencia en los hechos.

Es necesario que las investigaciones incluyan a ambas instancias y que el castigo se extienda a todas aquellas personas que participaron en la detención y desaparición de nuestros familiares, sin importar el cargo que tengan, afirmó Nadín Reyes Maldonado, hija de uno de los guerrilleros, durante una conferencia de prensa ofrecida con miembros de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos.

Sostuvo que la exhortación muestra lo que siempre afirmamos: que el Estado mexicano participó en la desaparición forzada, así como el entorpecimiento y la complicidad existente entre las autoridades del estado de Oaxaca y del gobierno federal en las investigaciones para encubrir a los responsables y no dar con el paradero de los eperristas.

Relación con asesinato de policías

Subrayó que el asesinato de los jefes policiacos Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez, el 30 de enero de 2008 y el 23 de enero pasado, respectivamente, acusados de participar en la represión en contra de seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, fueron crímenes de Estado, porque también estuvieron involucrados en este caso.

Asimismo, convocó a los órganos internacionales de derechos humanos a que exhorten al gobierno mexicano a que cumpla la recomendación de la CNDH en forma inmediata. Además hizo un llamado a los periodistas que sin fundamento alguno han filtrado a la opinión pública que sus familiares pudieran estar muertos a que lo demuestren y comprueben, a que digan qué es lo que saben y en qué se basan para afirmarlo.

Por su parte, el edil de Oaxaca de Juárez, el priísta José Antonio Hernández Fraguas, dijo que se aceptará el exhorto, aunque aclaró que los hechos imputados ocurrieron en la anterior administración municipal, presidida por su correligionario Manuel de Esesarte Pesqueira.

En tanto, el secretario general de Gobierno, Jorge Toledo Luis, dijo que el gobierno estatal integró una comisión jurídica para revisar la recomendación emitida por la CNDH, a fin de determinar si se acepta.

Hemos manifestado en varias ocasiones que el gobierno de Ulises Ruiz no tiene responsabilidad ni está involucrado en los hechos. La policía de Oaxaca no detuvo ni desapareció a ningún miembro del EPR, asentó.

En la ciudad de México, la Secretaría de Gobernación (SG), en coordinación con otras dependencias, también está en el proceso de análisis de la recomendación.

Si bien persiste el compromiso de la SG para que la comisión de mediación –integrada por personajes propuestos por el grupo armado– se reúna a la brevedad con funcionarios de la Sedena, la Procuraduría General de la República y el Cisen, también continúan las investigaciones para dar con los responsables de los atentados, en 2007, en ductos de Pemex, hechos reivindicados por el EPR.

De acuerdo con información recabada, las áreas de derechos humanos de las dependencias antes citadas evalúan las consideraciones emitidas por la CNDH para fijar en los próximos días una posición unificada.

Las autoridades federales precisaron –de acuerdo con fuentes consultadas– que la indagatoria en referencia (radicada en la PGR) tiene una gama amplia de líneas de investigación, incluida la desaparición forzada, pero ello no significa que el gobierno federal admita, de entrada, en esta parte del proceso, que haya ocurrido tal ilícito.