Quito, 18 de febrero. Ecuador declaró hoy persona no grata al diplomático estadunidense Mark Sullivan y decretó su expulsión, el segundo de esa nacionalidad en menos de dos semanas en correr igual suerte, al acusarlo de interferir en asuntos internos y de la policía local, y le dio un plazo de 48 horas para que abandone el país, anunció el canciller Fander Falconi.

Estados Unidos lamentó la injustificada acción de Ecuador de expulsar a Sullivan y rechazó cualquier insinuación de que el personal de la embajada se comporta de manera indebida, indicó el portavoz del Departamento de Estado, Gordon Duguid.

Agregó que responderemos de manera apropiada, aunque añadió que seguimos comprometidos con trabajar en colaboración con Ecuador para enfrentar el tráfico de drogas.

El gobierno de Rafael Correa expulsó a Sullivan, el primer secretario de la embajada estadunidense, 11 días después de que hizo lo mismo con el oficial de la embajada Armando Astorga, quien en enero había abandonado el país.

Ambos funcionarios estadunidenses fueron cuestionados por intentar intervenir en la designación de efectivos de las unidades de la policía local y condicionar la ayuda económica en ese rubro.

Por lo pronto, la prensa informó que el gobierno ecuatoriano revisa los convenios suscritos con organismos internacionales y otras naciones, debido a una serie de irregularidades encontradas en algunos renglones de la cooperación, en un intento por recuperar la capacidad de regulación estatal.

Si bien la cancillería ecuatoriana no brindó explicaciones sobre el tema, la prensa local se refirió al hecho de que hay en marcha una investigación oficial sobre cuatro policías que habrían dado información a la embajada estadunidense en Quito sobre indagaciones de narcotráfico, además de entregarles computadoras y los materiales comprados con el dinero de la ayuda estadunidense.

Ecuador decidió no renovar el convenio que termina a finales de este año para la operación de la base militar estadunidense en Manta, para la lucha contra el narcotráfico en la región.

Washington aceptó la decisión de Quito, pero solicitó permiso para que aterricen aviones guardacostas en el país, y Correa ha dicho que aceptará el pedido.

Mientras, la fiscalía ecuatoriana anunció que investigará a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos por su actuación con colombianos refugiados en la frontera, que según jefes militares pudo incluir la protección de rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Las pesquisas apuntan a determinar si esa organización no gubernamental pudo incurrir en delitos como tráfico de influencias y atentado a la seguridad del Estado.