l secretario de Economía del gobierno federal no encontró mejor manera de hacer que se supiera de su existencia que haciendo unas extrañas declaraciones en París con las que prácticamente ha dado por extinguido el sistema político no confesamente criminal de México o, cuando menos, ha extendido una certificación oficial de que los procesos electorales y partidistas en este país han estado controlados por el poder del narcotráfico.

El alto funcionario, cuyo nombre intencionalmente no será reproducido aquí, para respetar su largo anonimato virtual, creyó disparar hacia adelante al decir que el siguiente presidente de México seguramente habría sido un narcotraficante si Calderón no hubiera emprendido la guerra contra esos delincuentes, sin darse cuenta ese agitado secretario de Economía de que las presunciones para dentro de casi cuatro años también son aplicables al pasado. Es decir: conforme a esos ejercicios de imaginación se deduce que el andamiaje de poder del narco fue permitido por el anterior panista ocupante de Los Pinos, Chente Fucks, y que el sucesor designado habría también recibido beneficios o influencia de esa fuerza política narcótica. El inexperto y desconocido secretario, por lo demás, ha mandado al diablo a todas las instituciones de representación política al señalar que, si no hubieran entrado las armas, esos partidos, líderes y candidatos habrían llevado al máximo poder formal a un jefe de jefes.

En descargo del cuasi clandestino secretario de Economía, que ha estado lanzando declaraciones en estos días desde París, ha de citarse que conforme a la entrega de este martes de Marcela Gómez Salce, en Milenio, al miembro del equipo íntimo de Calderón lo suele descomponer el consumo de sustancias tóxicas. Relata la columnista que el domingo en que en la Plaza de Toros México brindaron un toro y aplaudieron a Margarita Zavala, se organizó una cena para el matador español Enrique Ponce en el restaurante Los Guajolotes, adonde llegaron poderosos apellidos como Slim, Azcárraga, Alemán, Espinosa Yglesias y Arango, a quienes el distinguido secretario de nombre antes no mencionado (pero de iniciales Gerardo Ruiz Mateos) insultó, ebrio, acusándolos de ser unos catastrofistas que han traicionado al gobierno de Calderón.

El mérito de las confesiones de este secretario viajero es, en todo caso, el de poner sobre la mesa el tema del dominio del narco sobre la política mexicana. En realidad, ni siquiera es necesario esperar a 2012 para saber si los capos podrán colocar abiertamente a uno de los suyos en los fumables Pinos, pues ya hoy se viven revueltas norteñas citadinas que confirman que el narcotráfico tiene bases sociales e intencionalidad política y que el gobierno constituido no atina ni a entender el proceso de sustitución del Estado por los capos regionales tutelares que ejercen más presupuesto y realizan más obra social que las autoridades formales. Embebidos en el consumo de las copas del poder, los gobernantes formales no se quieren dar cuenta de que en el país hay millones de personas que saben que no tienen presente ni futuro en el esquema de convivencia social que defienden los actualmente poderosos, y que el narcotráfico proporciona el trabajo y el ingreso que el sistema oficial les niega, y que se han instituido mecanismos que llevan a muchos a enrolarse en los ejércitos de los cárteles para obtener por plazos ínfimos los satisfactores que durante una vida común no alcanzarían.

Por otra parte, vergüenza les debería dar a los gobiernos federal y estatales denunciar los llamados narcobloqueos de calles como obra de los capos, pues al reconocer la primacía de ese poder diluyen el propio. Pero aun suponiendo que esas movilizaciones fueran maquinación de los empresarios del ramo de los estupefacientes, se está dejando de lado el alegato central, que sí tiene validez comprobada incluso por órganos de simulación institucional como la comisión soberana de mercadeo de los derechos humanos: que el Ejército está cometiendo múltiples y graves violaciones a los derechos humanos y el orden constitucional en aras de lo que en realidad es una guerra perdida contra el comercio de drogas. El punto rojo está en esas acciones bélicas cometidas contra poblaciones civiles, en torbellinos de plomo y violencia que afectan sin distingo incluso a gente ajena al narco a la que le toca la mala suerte de quedar en el radio verde olivo de afectación.

Sin embargo, como una muestra de la extrema e irritante polarización social, mientras unos usan las narcomantas para alcanzar comunicación social, y otros se enfrentan, encapuchados y no, a policías y militares en las calles de Monterrey y otras ciudades, las noticias del corazón siguen fluyendo en las revistas de alta sociedad y de chismes de la farándula que en estos momentos de terrible aberración nacional dan más información de los poderosos que las secciones de política y economía. Según esas fuentes, dosificando fechas y momentos, para crear una telenovela rosa que tenga consecuencias electorales, Quique Gaviotón ha ofrecido anillo de compromiso en Acapulco, en pleno 14 de febrero, al rostro que durante largo tiempo fue públicamente asociado a la entrega de obras y servicios del gobierno del estado de México ¡Ah, el amor, que tuvo episodios dorados con Martita y el señor de bigotito que a lo loco hizo como que gobernó a la nación, y con el antecesor de Copete Peña, el enamoradísimo Arturo Montiel y su inmobiliaria francesa amada! Y, para cerrar el cuadro, quienes deseen enterarse de los momentos que pasó la esposa de Juan Camilo en el contexto de la caída del jet y en los días posteriores, habrán de recurrir a los servicios profesionales de la revista Quién, que en su edición reciente lleva una entrevista exclusiva con Marigeli Escalante, ahora viuda de Mouriño, a la que, por cierto, según sus propias declaraciones, le mantendrán a lo largo del sexenio la escolta militar, por orden del Presidente. ¡Hasta mañana, mientras sale en libertad el autor (sólo) material de la muerte de Manuel Buendía!

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