La Secretaría de Gobernación (SG) aceptará la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), informaron fuentes de la dependencia.

Sin embargo, aclararon, el gobierno federal no acepta, como suya, la responsabilidad por las desapariciones, es decir, rechaza estar involucrado en los hechos. 

El pasado 15 de febrero, la CNDH emitió la recomendación 7/2009 al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, en la que considera que el Estado dejó de cumplir los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de derechos humanos y demanda la presentación con vida de los dos eperristas mencionados, así como la reparación tanto a ellos como a sus familiares, por los daños y perjuicios ocasionados. 

Tras lo anterior, el Comité de Familiares de Detenidos-desaparecidos Hasta Encontrarlos sostuvo que la recomendación es sin duda de gran importancia porque refleja que el Estado mexicano es el responsable de su desaparición, sin embargo, pidió que el exhorto se amplíe a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional por tener también competencia en los hechos.

En tanto, la comisión de mediación entre el EPR y el gobierno federal sigue a la espera de concretar una cita con funcionarios de Sedena, PGR y Cisen, precisamente por contar con evidencias de que militares participaron en un operativo previo a la desaparición de los eperristas.

La CNDH considera que hay indicios suficientes para establecer que servidores públicos de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, actualmente Secretaría de Seguridad Pública, y de la Procuraduría General de Justicia del gobierno de Oaxaca, así como de la Dirección General de Seguridad Pública de la capital del estado omitieron realizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero de los presuntos desaparecidos.

La indagatoria del organismo también refiere que los expedientes analizados documentan que servidores públicos de diversas dependencias del gobierno oaxaqueño participaron en el operativo del 24 de mayo de 2007, fecha en la que desaparecieron ambos individuos. Incluso, añade la CNDH, los informes rendidos por las autoridades involucradas incurren en omisiones y graves contradicciones sobre el caso.