Las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), y Sociedad Mexicana pro Derechos de la Mujer (Semillas), así como la investigadora independiente Shaila Toledo, presentaron ayer el informe Lo barato sale caro, que denuncia las violaciones cometidas contra mujeres y adolescentes en la cadena comercial Wal-Mart, así como las transgresiones sistemáticas a la legislación laboral.

En la investigación, Toledo da cuenta de la discriminación y explotación a que son sujetas las trabajadoras de dicha cadena comercial. Para entrar a laborar –seña- la–, se les exige certificado de no embarazo y se les discrimina a la hora de ascender en el escalafón, además de que son sujetas a acoso sexual y algunas han sido violadas por sus supervisores.

En el caso de los menores trabajadores (cerillos o empacadores), sostiene que Wal-Mart se aprovecha de sus necesidades económicas y los obliga a firmar contratos de trabajo sin sueldo, prestaciones ni servicio médico. Con 895 tiendas en 141 ciudades de México, dicha trasnacional es la principal empleadora de mujeres en el país.

Durante la presentación del informe, Toledo sostuvo además que Wal-Mart se beneficia de favores gubernamentales, ha manipulado elecciones nacionales para proteger a sus benefactores, actúa de manera ilegal, goza de tráfico de influencias y cuando carece de apoyo oficial simplemente viola la ley.

Los datos aportados –señala– son producto de dos investigaciones; la primera fue realizada con menores (cerillos) y la segunda incluye entrevistas a trabajadoras de la cadena comercial en el estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Tlaxcala y Morelos.

Dicho informe denuncia violaciones a los derechos humanos y laborales en seis rubros: salario –aunque la mujer realiza el mismo trabajo que los hombres, gana menos–, discriminación –se les exige prueba de ingravidez y se les obstaculiza el ascenso–, jornadas –las obligan a trabajar horarios de 10 horas o más, cuando la ley determina que sean de ocho, y muchas veces no se les retribuye la jornada extra–, condiciones de trabajo –no cuentan con equipo y medidas de protección ni de salud; en el caso de las cajeras, se les obliga estar de pie durante la jornada y en ocasiones son obligadas a doblar turno–, justicia laboral –Wal-Mart goza de impunidad y no respeta la Ley Federal del Trabajo–, y sindicalización: está prohibido agremiarse y cesa a los trabajadores que intentan organizarse.

Valeria Scorza, coordinadora de Prodesc; Marta Lamas y Emilianne de León, directora y presidenta de Semillas, respectivamente; Alejandro Calvillo, de la organización Poder del Consumidor, y Toledo manifestaron que es necesario que se emprenda una campaña de boicot contra Wal-Mart para obligarla a cumplir la ley e hicieron un llamado a las autoridades laborales para que supervisen las condiciones de los empleados de la transnacional.

No supera prueba de objetividad

Al conocer el informe, Wal-Mart envió de inmediato su postura a los medios. Antonio Ocaranza, director de comunicación corporativa de la empresa, descalificó la investigación y consideró que no supera la más sencilla prueba de objetividad y veracidad. Dijo que la trasnacional es escrupulosa en el respeto a la ley y el marco regulatorio. Incluso, ponderó que sus asociados –como Wal-Mart llama a empleados– reciben salarios y prestaciones que superan lo estipulado en la ley, y refirió que el año pasado más de 11 mil 600 trabajadoras fueron promovidas a un puesto superior.

En cuanto a los empacadores, Ocaranza manifestó que Wal- Mart superó el acuerdo que al respecto se firmó con el gobierno federal y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, para promover que continúen sus estudios.