El gobierno del presidente Felipe Calderón ha protegido y favorecido a los dueños de Grupo México por encima del dolor de las viudas y deudos de los 65 mineros muertos hace tres años en Pasta de Conchos, Coahuila; no ha querido recibir ni escuchar a los familiares y les ha negado todos sus derechos, hasta el más elemental: el de tener los cuerpos de sus muertos para darles sepultura.

Así lo denunciaron diversas organizaciones que se reunieron ayer en foros, misas y marchas para recordar el tercer aniversario de la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006; señalaron la responsabilidad de Grupo México en este homicidio y denunciaron que es la complicidad y contubernio de las autoridades laborales del país con los dueños de esa compañía lo que ha evitado que se haga justicia a los deudos.

Ni nos ven ni nos oyen

En el foro organizado por el sindicato minero, una de las viudas, Rosa María Mejía, señaló que este gobierno tampoco las ha querido oír ni ver, y dijo: Felipe Calderón está más frío que las galerías y diagonales de la mina en que yacen abandonados los cuerpos de nuestros seres queridos.

En el acto, al que asistieron mineros de todo el país, líderes sindicales, abogados, familiares de los fallecidos y diputados, el mensaje central lo dio el secretario general del gremio, Napoleón Gómez Urrutia, en una videoconferencia, donde propuso presentar una iniciativa de ley que sancione los homicidios industriales. Convocó a todas organizaciones a estructurar y proponer una legislación que penalice la inseguridad laboral en las actividades industriales y económicas del país.

Los abogados Arturo Alcalde y Carlos de Buen hicieron ver como el Estado lejos de defender a los trabajadores y a sus familias, se ha dedicado a perseguirlos; hicieron un recuento de todas las acciones emprendidas durante el pasado y presente gobiernos para acabar con el sindicato minero. A su vez, Benito Bahena Lomé, secretario general de la Alianza de Traviarios, dijo que es vergonzoso el cobijo del gobierno en turno a empresarios como Germán Larrea.

Al mediodía, afuera de la sede de Grupo México en esta ciudad, el grupo llamado Familia Pasta de Conchos, apoyado por organizaciones pastorales y de derechos humanos, realizó una misa por los 65 mineros muertos hace tres años, la cual fue oficiada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera. El prelado señaló que las autoridades sinvergüenzas del país no han hecho nada por rescatar los cuerpos, y sostuvo que ocho órdenes religiosas pidieron ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haga un pronunciamiento al gobierno de este país para que se haga justicia a los deudos y se lleve a cabo el rescate de los restos.

Incluso durante la eucaristía, el abogado Manuel Fuentes informó que la juez primera de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Silvia Cerón Fernández, emitió una sentencia en contra de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía y la instruye para que suspenda la concesión de esta mina que explota Grupo México.

Al filo de las 16 horas, esta organización de familiares de los mineros, acompañadas de organizaciones como la Pastoral Laboral, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otras; marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo, en cuya plancha presentaron el tercer informe elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral titulado El vacío en el estado de derecho, y el Estado vacío de derecho, que señala que la empresa Industrial Minera México violó el derecho a la vida y a la salud de los trabajadores, así como los derechos de los deudos a enterrar a sus familiares, de acuerdo con sus usos y costumbres; y señala que la Secretaría del Trabajo manipuló las conclusiones del dictamen emitido por el Foro Científico y Tecnológico, violentando los derechos de los deudos para encubrir a la empresa y a sus funcionarios.

Estas organizaciones demandaron que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo asuma su responsabilidad por haber perdido los recursos jurídicos frente a Industrial Minera México, a fin de que viudas y huérfanos reciban la pensión debida; que la procuraduría de Coahuila declare nulo todo lo actuado hasta que no haya constancia de la existencia de los cadáveres de las víctimas; que la Procuraduría General de la República integre la averiguación previa correspondiente y admita la coadyuvancia de las familias para aportar pruebas.