Comenzar a suprimir privilegios, insta González Garza a senadores y diputados
Lunes 23 de febrero de 2009, p. 10
La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados aseguró que el Ejecutivo federal tiene autorizado en el presupuesto de egresos para este año una contratación de deuda equivalente a tres puntos del PIB, y exigió que la administración de Felipe Calderón lo haga efectivo, para destinarlo al gasto de inversión que permita superar la crisis económica.
El coordinador perredista en San Lázaro, Javier González Garza, insistió en que los funcionarios federales, pero también senadores y diputados deben comenzar a suprimir sus privilegios, por lo que convocó a PAN y PRI a aprobar el dictamen a la minuta del Senado con la ley de salarios máximos, que está congelado en comisiones.
Además de la inversión, que es urgente, otras medidas pueden dar señales de credibilidad y que no sigamos perdiendo la cohesión social, como las medidas de austeridad. La ley es muy sencilla: que nadie gane más que el Presidente y así ahorraríamos mucho dinero.
Es inadmisible, resaltó, que los legisladores continúen con privilegios, como el seguro de gastos médicos privados y fondos para el retiro que no tienen miles de trabajadores y cuestan millones de pesos al presupuesto del Congreso.
Consideró que con los recursos de que puede disponer el gobierno federal mediante la contratación de créditos se puede constituir un fondo para la reactivación económica nacional, que tenga entre sus principales objetivos el desarrollo de infraestructura; la inversión en unidades productivas, comerciales y de servicios de la administración pública paraestatal, y la ampliación y mejoramiento de los sistemas hidráulicos. También la producción, almacenamiento y distribución de granos básicos; el desarrollo de cadenas productivas; la disminución de las disparidades del desarrollo regional, y la construcción de escuelas y hospitales, así como su equipamiento. Aseguró que los legisladores están dispuestos a otorgar al Ejecutivo herramientas para que actúe rápido, pero también la administración federal debe poner su parte.