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La delegación Miguel Hidalgo interpondrá hoy una controversia constitucional en la SCJN

Pide Ebrard a Cuevas no politizar la suspensión de obras en Polanco

Los datos aportados sobre manejo de ductos y líneas de luz eran sumamente omisos, señala la titular de Medio Ambiente

Director jurídico insta al mandatario a recapacitar por la buena

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En Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional fue suspendido el paso a desnivel que construye la delegación Miguel Hidalgo.Foto José A. López
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Pablo Reyes, director Jurídico y de Gobierno de Miguel Hidalgo, durante la conferencia de prensaFoto Luis Humberto González
 
Periódico La Jornada
Martes 24 de febrero de 2009, p. 33

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, aseveró que la suspensión de las obras viales en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional responde a una resolución de las autoridades de Protección Civil, en virtud de que en la zona donde se tienen proyectadas existen ductos de Petróleos Mexicanos, así como instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, por lo que pidió no politizar este asunto.

Es seguro que estas empresas paraestatales conozcan el proyecto ejecutivo y hayan dado su opinión al respecto, si esto no es así, la obligación de Protección Civil es suspenderlas en tanto esto se remedie, agregó el mandatario capitalino.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado Peralta, consideró pertinente el llamado de Protección Civil ya que las informaciones y los proyectos ejecutivos de la obra, así como las manifestaciones que se habían hecho acerca del proyecto por parte de la delegación, eran sumamente omisas en la parte del manejo de ductos, no solamente de petróleo, también de gas y de alta tensión en la zona, abundó.

Dijo que por lo que toca al tema ambiental, la ciudadanía interpuso una queja por la tala de jacarandas que se hizo cuando se inició la obra, ante lo cual la dependencia a su cargo ordenó realizar una verificación, por lo que se cotejó los árboles que habían sido autorizados retirar con los que se derribaron, a fin de determinar si hubo alguna violación a la autorización que la Secretaría del Medio Ambiente había otorgado y esta misma semana se tendrán estos resultados.

El proyecto de la delegación Miguel Hidalgo para llevar a cabo las obras tiene serias deficiencias y el hecho de que se tenga un convenio no exime a la delegación de cumplir con la ley, agregó.

Las autoridades locales actúan con responsabilidad y no por esas acusaciones políticas el gobierno de la ciudad va a permitir que la delegación no cumpla con la legislación y se ponga en riesgo la vida y el patrimonio de la comunidad, indicó.

En este contexto, ayer las autoridades de Miguel Hidalgo anunciaron que este martes interpondrán una controversia constitucional ante la SCJN para que defina cuáles son los límites a los que se debe ajustar el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y cuál es la esfera de competencia en la que puede actuar con autonomía el gobierno delegacional, en lo que concierne a las obras viales en conflicto en Lomas de Chapultepec y Polanco, como ya se ha hecho en otras áreas.

El director de Jurídico y Gobierno, Pablo Reyes, argumentó que ha habido una intervención dolosa por parte del personal del gobierno capitalino, pues no obstante que se ha entregado la información solicitada ha recurrido a ocurrencias adicionales para frenar los trabajos, primero, a través de Medio Ambiente, y ahora con Protección Civil.

Lo que buscamos con esta controversia es desentrañar las facultades que tiene cada uno como órganos de gobiernos que son electos popularmente, pues si bien no somos municipio, tampoco el jefe de Gobierno es monarca, apuntó, y señaló que en otras ocasiones ya se logrado que, sin obtener sentencia, recapacite por la buena.

A este recurso, agregó, se sumarán dos denuncias penales, una de ellas ante la PGR en contra de quien resulte responsable por detener una obra pública con inversión federal, y la otra ante la procuraduría capitalina en contra del secretario de Protección Civil, Miguel Elías Moreno Brizuela y su equipo, por el delito de colusión de servidores públicos y la ejecución de acciones administrativas sin contar con las facultades legales para hacerlo.