Con pintas en sus unidades, transportistas del servicio público de pasajeros en su modalidad de micro, autobuses y trolebuses se unieron ayer a la protesta en demanda de una baja en el precio del diesel, que se ha comido una cuarta parte de nuestros ingresos, al representar un costo de operaciones de 30 por ciento, lo que difícilmente podremos reflejar en la tarifa que se cobra en los 30 millones de viajes-persona al día que se realizan en la ciudad de México, señalaron.

El incremento al precio del combustible costará al transporte concesionado urbano al menos mil 300 millones de pesos más este año, que debe- rán absorber los propios concesionarios, al subsidiar la tarifa de los pasajeros entre 4.50 y 6 pesos, según el servicio al que accedan, ante la intención de las autoridades federales de que nos convirtamos en sociedades mercantiles y transformemos las unidades que tenemos, informó Jesús Padilla Zenteno, presidente del Consejo de Administración del Corredor Insurgentes (CISA) y representante de la ruta 2.

El incremento de 50 centavos a la tarifa otorgado a los concesionarios que asumieron el compromiso de sustituir sus microbuses por autobuses, y de 1.50 pesos en el sistema Metrobús, son insuficientes para ofrecer un servicio de primera, ante la negativa de las autoridades de reducir y congelar su precio, pues deben proteger a las familias de escasos recursos, cuando finalmente los transportistas nos encontramos en ese universo, y no somos considerados.

Agregó: “Tal situación ha colocado al sector en una situación de subsistencia, por lo que decidimos sumarnos a las movilizaciones que realizan las Cámaras Nacionales de Transporte de Carga (Canacar) y del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), por el aumento excesivo del diesel, pues solamente CISA, que participa en el corredor uno del Metrobús, con 2 por ciento de la flota vehicular en la ciudad, con la que mueve 4 por ciento de los pasajeros, gastará 7 millones de pesos en su adquisición.

El tema es sencillo: el gobierno federal está creando una espiral inflacionaria, silenciosa y paulatina, pues quitar el subsidio al diesel para apoyar a la población más desprotegida, ha provocado que en los estados se genere una presión de los transportistas hacia sus gobiernos para que incrementen la tarifa, lo cual pegaría al usuario, pues hoy casi 90 por ciento de la gente se mueve en transporte público, argumentó.

Por lo anterior, estamos trabajando junto con otros dirigentes del transporte, como Nicolás Vázquez, José Luis Galán, Saúl Valencia y Antonio Sánchez Escalante, para plantear una estrategia común a seguir, en la que hagamos escuchar nuestra voz conjuntamente con las cámaras, porque este asunto nos pega a todos en el país, pero tampoco es nuestra intención afectar el servicio que prestamos diariamente a los usuarios, pero si no hay de otra, saldremos a las calles a hacer escuchar nuestra voz de inconformidad”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles (ANCA), Carlos Jiménez, exhortó al gobierno federal a no derogar el decreto emitido en diciembre del año pasado para restringir la entrada de vehículos usados al país, que en los últimos años suman 4 millones 400 mil, de los cuales una cuarta parte son chatarra, lo cual afectaría todavía más a la industria automotriz.

Recordó que el año pasado sus ventas cayeron 40 por ciento, los automóviles nuevos lo hicieron en 25 puntos y las tasas de interés y financiamiento bancario hasta un 80 por ciento, lo que provocó que la gente decidiera postergar su adquisición,y llevó al cierre de 40 negocios.

Reconoció que esa situación se agravaría sí diéramos entrada libre a autos extranjeros sin ninguna regulación, pues en menos de un año tendríamos de 2 a 5 millones de chatarra más, porque los costos para arreglarlos son altísimos.