La dimensión que ha tomado el caso Casitas del Sur hace necesario que varias instancias del Estado mexicano intervengan y que autoridades federales y locales –no sólo las del Distrito Federal, sino también de otras entidades de la República– coadyuven en las investigaciones, aseguró el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza. Por lo pronto la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acordó integrar una subcomisión especial para dar seguimiento al problema.

No sólo se trata de una asociación civil que realiza una labor de asistencia (Reintegración Social), sino que también hay un componente religioso (Iglesia cristiana restaurada) donde la atribución específica también incluye a la Secretaria de Gobernación, abundó Álvarez Icaza antes de la presentación del texto Programa de Promoción Ciudadana de los Derechos Humanos, que se realizó en el salón Digna Ochoa de la CDHDF.

El martes, personal de la comisión se reunió con servidores de la procuraduría capitalina para conocer los avances en las indagatorias y, a decir del presidente de la CDHDF, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ya cuenta con una estrategia de investigación sólida.

Álvarez Icaza, quien dijo que la prioridad es ubicar a los siete niños extraviados y que ya se iniciaron ocho expedientes por este caso en la CDHDF, agregó que es necesario crear un marco regulador y de supervisión a las asociaciones civiles que brindan servicios de protección y asistencia.

Por su parte la diputación permanente de la ALDF, además de crear la subcomisión, instalará una mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social y DIF locales, e instituciones de asistencia social, para analizar el marco jurídico de los albergues.

En el punto de acuerdo presentado por los diputados de Acción Nacional Agustín Castilla y Elvira Murillo, se recuerda que el 29 de enero la PGJDF realizó un operativo en Casitas del Sur, el cual dejó al descubierto una serie de anomalías e irregularidades.

En los considerandos, los legisladores aseveran que la procuraduría no supervisó la atención que se daba a los menores que eran enviados a Casitas del Sur, y que hasta el momento la dependencia no ha dado con su paradero.