anamex, el otrora prestigiado Banco Nacional de México antes de la reprivatización salinista, cambia de nombre. A partir de ayer se le conoce internacionalmente como Obamamex, único banco extranjero que opera en el país propiedad mayoritaria de un gobierno foráneo, el gringo, encabezado por el joven Barack, hecho que tajantemente prohíbe la mexicanísima Ley de Instituciones de Crédito.

De nueva cuenta el inquilino de Los Pinos está metido en un berenjenal, y la banca foránea una vez más pone a parir a las autoridades financieras del país, porque para efectos mexicanos la citada ley prohíbe explícitamente el acuerdo concretado ayer entre Citigroup y la Casa Blanca, de tal suerte que el gobierno mexicano no sólo debe prohibir que se concrete, sino que está obligado a reaccionar ante una operación de esa naturaleza. ¿Cómo? La propia Ley de Instituciones de Crédito ofrece la salida en su artículo siete: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá declarar la revocación de las autorizaciones correspondientes cuando las referidas oficinas (de representación de la banca extranjera) no se ajusten a las disposiciones legales.

¿Qué violación legal es atribuible al acuerdo Citigroup-Casa Blanca? La del artículo 13 de la multicitada ley, que a la letra establece: No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad (léase, por ejemplo, gobierno de Estados Unidos de América). Y Banamex es filial de Citigroup.

¿Es interpretable lo que a la letra establece la Ley de Instituciones de Crédito? Todo indica que no, por ser más claro que el agua, pero Citigroup dice que sí, porque (nótese la solidez del argumento) el acuerdo con el gobierno estadunidense tiene carácter temporal, deriva de una emergencia económica y no modifica la estrategia de negocios de la trasnacional financiera. Así, con la mano en la cintura, el consorcio sostiene que existen claros argumentos para afirmar que la operación hoy anunciada no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México.

En ninguna parte de la citada ley se establecen salvedades para casos temporales, de emergencia económica y/o relacionados con estrategias de negocios, como las citadas por Citigroup. Eso sí, simple y llanamente fija la postura del Legislativo: no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, y hasta donde se sabe el gobierno estadunidense (que ahora es dueño de 36 por ciento de las acciones de Citigroup) es una persona moral extranjera que ejerce funciones de autoridad; ergo, está legalmente impedido para participar en Banamex.

En tiempos de Vicente Fox el gobierno del cambio se dijo al borde del orgasmo por la llamada venta del siglo (Banamex a Citigroup, por la friolera de 12 mil 500 millones de dólares), al tiempo que ovacionaba a Roberto Hernández, Alfredo Harp y demás integrantes de la pandilla, hasta ese momento dueños de Banamex, por evadir legalmente el pago de los impuestos respectivos, algo así como 3 mil 750 millones de dólares.

Cuando el 17 de mayo de 2001 se conoció la venta de Banamex a Citigroup, de inmediato brincó a la palestra el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con el fin de excusarse ante el presidente Fox de tener que tomar decisiones que competen a la dependencia bajo mi responsabilidad sobre la citada operación de compraventa. Eso sí, participó activamente para garantizar a Roberto Hernández y pandilla el cero pago de impuestos.

Pues bien, ahora que Citigroup ha metido al gobierno calderonista en un nuevo berenjenal y que de plano no sabe cómo salir de la bronca, el inquilino de Los Pinos podría argüir las mismas razones que Gil Díaz en 2001, toda vez que el michoacano alguna vez se empleó en Banamex (ahora podrá demostrar si fue o sigue siendo) y así tira el arpa y cede los trastes a terceros. Hasta donde se sabe no lo ha hecho, pero más rápidos que una saeta ejercieron esa posibilidad el partido tricolor, la Secretaría de Hacienda y el propio Citigroup, por medio de su filial en México, tercia de ases que “analizan el rescate de Citi… Senadores del PRI, la Secretaría de Hacienda y Banamex instalaron una mesa para analizar las implicaciones para el banco del rescate por parte del gobierno de Estados Unidos de Citigroup, informó el senador Carlos Lozano, (quien dijo) que el objetivo es dotar de certeza jurídica al proceso de rescate bancario estadunidense, porque la ley mexicana establece prohibiciones para los asociados de la banca. El PRI pospuso la discusión de una iniciativa de reforma del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que busca dar una salida al tema. Lo bajamos porque hemos tenido comentarios tanto de la Secretaría de Hacienda como de las instituciones bancarias. Nos vamos a sentar, no queremos crear ningún conflicto. Lo que queremos es que haya transparencia en el tema y veamos cómo lo resolvemos para que no quede una laguna legal”, explicó Lozano (El Universal).

¡Maravilloso! Como la Ley de Instituciones de Crédito no cuadra con el rescate que de Citigroup ha hecho el gobierno de Obama, entonces los ágiles legisladores mexicanos, el doctor catarrito y el propio Banamex analizan la posibilidad de modificar la citada legislación, en la vieja práctica política de hacer trajes a la medida. Vamos a darle certeza jurídica a la trasnacional financiera, presume un senador de la República, cuando su chamba debe ser defender la legislación nacional y los intereses del país. ¡Y quiere ser gobernador!, mientras Calderón mantiene el discurso sobre el respeto al estado de derecho.

Qué espectáculo.

Las rebanadas del pastel

Los consejeros electorales están igual que el tipo de cambio: no salen de una cuando rápidamente ya se metieron en otra. Tras el papelón que hicieron con lo del megaumento de sueldos y conexos, ayer se apuraron a posponer la reciente sanción que, se supone, ya habían impuesto a Tv Azteca. Pues resulta que no, y ahora posponen el debate por nuevos criterios y la revisión de pruebas. Y lo posponen tanto, que no fijaron nueva fecha para pronunciarse.

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