Con la resolución por el caso San Salvador Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio muestra, una vez más, de su estrechez de miras jurídicas y de sus previsibles cálculos políticos que sacrifican su autonomía y olvidan el principio de división de poderes, además que avaló la criminalización de la protesta social, aseguró la analista Magdalena Gómez, colaboradora de este diario.

Al participar en el foro organizado por Casa Lamm y La Jornada, la noche del pasado viernes Gómez hizo un balance de las recientes actuaciones de la Corte en torno a la exoneración de Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora y otros funcionarios de alto nivel, quienes ordenaron el operativo policiaco en Atenco, en el cual se cometieron graves violaciones a las garantías fundamentales.

Subrayó que la SCJN ha oscilado en sus decisiones, pues en ocasiones da pasos adelante y en otras hace lo contrario. Recordó que en el caso de Ricardo Miguel Cavallo se pudo adornar de manera relativa al autorizar su extradición para ser juzgado en España por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, también resaltó que al analizar la desaparición forzada, la Corte asentó que se trata de un delito continuo que no cesa hasta que aparezca la persona viva o muerta, pero no le entró en el tema de la prescripción, con lo que dio impunidad a los responsables de crímenes.

La analista mencionó que si bien los esfuerzos de algunos de los ministros intentan revertir el discurso de ese órgano, éstos no pueden hacer mella en la ideología que prevalece en esa instancia, la cual se encubre y respalda en su visión aparentemente formalista del derecho. Lejos está el discurso hegemónico de la Corte respecto al derecho internacional y los precedentes que en América Latina se están sentando en estas materias.

Consideró que a la Suprema Corte no le interesa fortalecer la facultad que le otorga el artículo 97 de la Constitución, sino que desea sacudirse de ese compromiso constitucional, pues no está en su vocación la preocupación por los gobernados. De ello han dado prueba las controversias de 330 municipios indígenas en 2001, el caso Lydia Cacho y ahora en Atenco; y en las filas de los próximos exonerados espera tranquilo el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Afirmó que el máximo tribunal es proclive a defender y justificar a los gobernantes, además que tras la resolución del caso, dieron una carta de impunidad a quienes definieron la estrategia represiva aplicada, y no hicieron referencia alguna a la ostensible saña con la que ha sido tratados los detenidos.

Por ello afirmó que lamentablemente hoy contamos con un tribunal de justicia que debería tramitar un cambio de nombre: la suprema corte del poder y de su impunidad.

En su turno, Enrique González Ruiz, aseveró que la SCJN mandó un mensaje aterrador para la ciudadanía en el sentido de que en México no se puede avanzar en los mecanismos de acceso y procuración de justicia; y por el contrario le dice a los perpetradores (de abusos) que para ellos no hay problema, pues les otorga impunidad con sus decisiones.

Recordó que en el tema de Aguas Blancas, Guerrero, la resolución del que alguna vez fue el máximo tribunal fue contundente, pues enlistó a los responsables de ese crimen y el entonces gobernador Rubén Figueroa tuvo que renunciar al cargo; sin embargo, en el caso Atenco no se estableció responsabilidad a Peña Nieto, tanto que éste se perfila a la candidatura presidencial para 2012.

Indicó que el discurso oficial siempre se basa en el seguimiento del camino de la ley, pero cuando el más alto tribunal determina algo así, el ciudadano se pregunta qué caso tiene. Por ello, consideró que la única alternativa para que los detenidos por este y otros casos políticos obtengan su libertad, es que el Congreso dicte una ley de amnistía, como lo ha propuesto el Frente Nacional contra la Represión.

Por su parte, Juan de Dios Hernández Monge, del Colectivo de Abogados Zapatistas, quienes han defendido a la mayoría de los detenidos en Atenco, subrayó que tras su decisión, la SCJN abdicó de su obligación constitucional de impartir justicia y se autoimpuso limitaciones para tejer un manto de impunidad.

Agregó que el dictamen tampoco dijo nada de las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las denuncias que existen por tortura y violaciones sexuales, con lo que nos abren una puerta no para acudir a la CIDH, sino a la Corte Penal Internacional para que el Estado mexicano sea juzgado.

Trinidad Ramírez, reiteró que en el caso, considera que la resolución de la Corte es una vergüenza porque pone en la indefensión no sólo el caso Atenco, sino todos aquellos movimientos sociales en los que ha habido abuso de poder.