La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe emitir bases de licitación del espectro radioeléctrico dirigidas a operadores que demuestren tener la capacidad para dar el mayor número de servicios, a precios accesibles y sobre todo que pueden cumplir puntualmente con el pago de la contraprestación que se les requiera por la concesión, para evitar que se repitan historias como la de Unefon, advirtió el especialista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Rodrigo Tovar Landa.

Destacó que en el caso de la licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telefonía móvil y banda ancha, el gobierno federal no debe tener miedo a declarar desierto el concurso si los participantes no ofrecen suficientes garantías para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, pues de lo contrario –como ocurrió con las licitaciones del sexenio pasado–, el sector permanecería estancado por la acción de especuladores del espectro, o por los que decidan ampararse, con consecuencias para los usuarios mexicanos que tendrán acceso restringido y caro a los servicios de tercera y cuarta generación.

Luego de que el titular de la SCT, Luis Téllez, anunció que está en puerta la licitación de frecuencias, Tovar Landa señaló, con base en la mala experiencia vivida en el sexenio pasado, cuando la licitación terminó en amparos y especulación de espectro, que en esta ocasión el proceso debería hacerse en una subasta que no se lleve más de dos meses, en la que no se limite el ancho de banda ni el tope de tenencia de espectro, y en el que sólo participen los operadores con capacidad técnica y económica suficiente.

El argumento de que en aras de la competencia debe participar el mayor número de operadores, es una justificación que tiene más costos que beneficios. Costos porque al hablar de servicios de tercera y cuarta generación, que abarcan banda ancha, tráfico de voz tradicional, intercambio de datos, acceso a Internet, intercambio de archivos, imágenes y aplicaciones multimedia, además de los servicios tradicionales, requieren de más ancho de banda, por lo que no se puede limitar el tope y tampoco se puede concesionar a cualquiera ya que la inversión en infraestructura sólo la pueden hacer los grandes operadores.

Señaló que la SCT no debe temer que los operadores acumulen espectro o especulen con él, pues tiene la Ley de Derechos como mejor herramienta para evitarlo y sancionarlo. La legislación puede ayudar a que los derechos por mantener el espectro ocioso o parcialmente utilizado sea caro, de tal forma que el operador que incurra en esos actos tenga que devolverlo o incorporarlo al mercado y hacerlo redituable.

Ramiro Tovar Landa señaló que la SCT tiene todas las herramientas técnicas y legales para evitar que se repitan caso como el de Unefon que no pagó a tiempo las contraprestaciones requeridas, obtuvo prórrogas de manera dudosa, y ahora reclama cantidades millonarias al estado mexicano.

“El gobierno federal está en condiciones de sacar una licitación blindada, con garantías de pago estrictas, con la advertencia de que si no se paga en tiempo y forma se volverá a licitar; debe fijar precios mínimos para la subasta”, y sobre todo, dijo, si los resultados no son los esperado, no temer a declarar desierta la licitación, lo cual no ocurrirá si trata de un procedimiento sin excesos regulatorios, no negociable en sus términos y en no más de dos meses porque si dura un año los operadores pueden ponerse de acuerdo para enviar ofertas y no puede correrse ese riesgo, advirtió.