El Senado aprobó ayer la minuta que modifica la Ley General de Educación para sancionar a profesores y autoridades que sin prescripción médica ni autorización de los padres de familia administren medicamentos de naturaleza sicotrópica a menores que presenten problemas de conducta o atención durante la jornada escolar.

La reforma, que pasó al Ejecutivo federal para su promulgación, sanciona asimismo a las autoridades educativas que condicionen la asistencia a clases a los alumnos que no se sometan a tratamientos médicos específicos o que no se atiendan de manera forzosa en clínicas que formen parte del sistema público de salud, en relación con problemas de aprendizaje derivados de la conducta.

Las sanciones incluyen la aplicación de una multa hasta de 5 mil veces el salario mínimo general vigente y la revocación de la autorización de la validez oficial de estudios, en el caso de colegios particulares.

Ante el pleno, la presidenta de la Comisión de Salud, la panista Teresa Ortuño, explicó que la iniciativa pasó por una pequeña telenovela legislativa, ya que en varias ocasiones se detuvo y se devolvió a ambas cámaras. Explicó que ella es madre de un niño con déficit de atención y sabe lo que significa que los profesores sugieran hasta médicos especiales para que los menores estén más tranquilos.

El perredista Tomás Torres resaltó que esas actitudes estigmatizan al niño problemático y, peor aún, en muchos centros escolares sólo se permite la permanencia de estudiantes con problemas de atención que acepten ser medicados con Ritalín y otras sustancias que se encuentran en el catálogo de estupefacientes de la Secretaría de Salud.