Bogotá, 4 de marzo. En Colombia hay un resurgimiento de bandas emergentes del paramilitarismo que amenazan a víctimas y desmovilizados de 153 municipios del país, que han consolidado un corredor al servicio del narcotráfico con conexiones hacia Panamá y Venezuela, señala un informe de la Misión de la Organización de Estados Americanos de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.

La presencia de facciones armadas al servicio del narcotráfico constituye una amenaza que no sólo afecta a las comunidades, sino también impacta el proceso de reintegración de los ex combatientes, así como la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, apunta el reporte a cargo del argentino Sergio Caramagna.

Destaca que de los 32 mil paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia que se desmovilizaron a partir del proceso de paz que comenzó en 2003, unos 7 mil se han mantenido fuera de los programas de reinserción implementados por el Estado y continúan delinquiendo. Además, la mayoría de los mil 658 ex paramilitares asesinados desde entonces obedece al conflicto con los grupos que resurgieron tras los desarmes.

La violencia prevaleciente tiene que ver con la presencia de cultivos ilícitos, rutas o laboratorios de procesamiento de drogas a pesar de la disminución de las bandas en 52 por ciento en comparación con 2006, dice el reporte. Pero advierte que si bien el paramilitarismo ya no es lo que era, los efectos del desarme de esos grupos ya no se perciben en 28 zonas del país.

El organismo asienta que las facciones armadas emergentes han consolidado un corredor que los narcotraficantes usan como puente para sacar los cargamentos de droga hacia otros países.

En tanto, el gobierno colombiano admitió la responsabilidad del Estado en la matanza de Pueblo Bello, en la región de Urabá, en la que 43 campesinos –incluidos tres niños– fueron torturados y asesinados por los paramilitares. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió perdón por esos hechos que datan del 14 de enero de 1990.