Por mayoría, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) avaló la clasificación por 12 años del nombre de los asesores del secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, excepto el del coordinador de éstos, José Antonio Polo Oteyza, por ser del dominio público dada la difusión en Internet de su intervención en actos internacionales.

Sin embargo, el principio general de reserva se aplicará a los miembros de la coordinación de asesores de la SSP, sentenció Alonso Lujambio, consejero ponente del recurso 5233/08. En consecuencia, el nombre del sustituto de Polo Oteyza será reservado.

Hay que destacar que están acéfalos dos cargos de asesoría en la SSP, pero en cuanto se ocupen se mantendrán bajo reserva los nombres.

Alonso Lujambio, María Marván y Jacqueline Peschard avalaron la clasificación que declaró la SSP, bajo el argumento de que la lucha contra el narco y la escalada de violencia en el país lo ameritan.

Juan Pablo Guerrero, que votó en contra junto con Alonso Gómez Robledo, advirtió: “este discurso –según el cual ahora hay más confrontación y violencia– me lleva a pensar que así como van las cosas, no sé si ganemos la guerra contra el crimen, pero sí que la opacidad es cada vez mayor”.

Pese a que la Ley Federal de Transparencia obliga a las casi 250 dependencias del gobierno federal a difundir los nombres de los funcionarios, Peschard arguyó que el nombre de los asesores de García Luna no es el de cualquier asesor de un secretario, sobre todo porque tiene que ver con la persecución del crimen organizado.

Guerrero destacó que no existen elementos que prueben que la difusión del nombre de Polo Oteyza –publicado en octubre pasado en un documento de la Organización de Estados Americanos en Internet– haya causado algún daño a la seguridad nacional, a la estrategia de combate al narcotráfico o al propio Polo Oteyza.

No podemos tener mejor ejemplo, testimonio, prueba y demostración de que no hay daño a la seguridad nacional al publicar el nombre de un coordinador de asesores o del conjunto, porque además no se difunde con quiénes se reúnen, qué escriben, qué estrategia diseñan, sino sólo el nombre, advirtió Guerrero.

Lujambio alegó que la prueba del daño es probabilística, no determinista, y existe la posibilidad de que los nombres de estos asesores puedan ser estratégicamente usados por el crimen para generar un menoscabo a la ley, y eso no supone que esta institución vaya a una creciente opacidad.

Lujambio, que como presidente del IFAI dirige el debate, dio por concluido este caso y pidió al secretario consignar que con una votación de tres contra dos se avala la reserva.

El 11 de febrero pasado Lujambio ya había aprobado la reserva, pero como Guerrero demostró en la sesión que el nombre de Polo Oteyza aparecía en Internet, decidió posponer la discusión hasta ayer, sin que por ello modificara su postura.

Además se revocó una respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual declaró inexistente información sobre el nombre de empresas que especularon con el 11 por ciento de las reservas del Banco de México.

Luego que Guerrero señaló que ya se habían difundido los nombres de las empresas, Marván, ponente del recurso, dijo que era cierto, pero que no podía permitir que la SHCP disfrazara una incompetencia con inexistencia, por lo cual sí tiene facultades para informar sobre el tema.