Organizaciones defensoras de los derechos humanos enviaron una carta al procurador de Justicia del estado de Guerrero, Eduardo Mureta Urrutia, para manifestar su preocupación por los asesinatos de los activistas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

Organismos como Human Rights Watch (HRW), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG) y Fundación Debido Proceso Legal (DPLF) también demandaron una investigación exhaustiva, inmediata e independiente.

Eduardo Bertoni, director ejecutivo de la DPLF; José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW, y Geoff Thale, director de programas de Wola, manifiestan en la misiva la necesidad de que, dada la acusación creíble de que policías ministeriales están involucrados en la desaparición y asesinato de los defensores referidos, es urgente que se aclare el caso.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, con sede en Estados Unidos, sostienen que han recibido informes de que Lucas Lucía y Ponce Rosas fueron secuestrados por presuntos agentes de la policía investigadora ministerial (PIM) cuando asistían a un acto público para inaugurar obras en la escuela secundaria federal Plan de Ayutla.

Las organizaciones refieren que varios testigos coinciden en que hombres sin uniformes llegaron al lugar gritando: Alto, policía, y se llevaron a los dos activistas en un vehículo sin placas. Nada se supo de su paradero durante días, hasta que el pasado 22 de febrero aparecieron sus cuerpos enterrados.

Las organizaciones denuncian que los cuerpos descubiertos por la policía en Las Cazuelas, a 30 minutos de Ayutla, presentaban huellas de tortura. Lucas Lucía tenía un tiro en la cabeza, las manos atadas y varios golpes, así como quemaduras en tórax y cuello, que indican que pudo recibir descargas eléctricas. Ponce Rojas tenía las manos atadas y la cabeza destrozada.

Recuerdan al funcionario que el Estado mexicano está obligado a proteger a los defensores de derechos humanos de los riesgos que puedan resultar directamente de su labor, y que es parte de varios tratados internacionales en garantías básicas que imponen una obligación, inter alia, de impedir y proveer a las víctimas recursos para resarcir los abusos.

Demandan que se haga una investigación independiente, dadas las acusaciones en contra de los elementos de la PIM, y expresaron que se debe esclarecer quiénes fueron los responsables.