Bogotá, 6 de marzo. Cientos de colombianos, principalmente familiares y amigos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas armadas, se manifestaron hoy en esta capital, ante las sedes de la Fiscalía General y del Ministerio de Defensa, en reclamo de que se investiguen los hechos y se castigue a los culpables.

Los manifestantes pidieron a la Fiscalía General que forme una comisión especial de la verdad para aclarar los crímenes cometidos en los últimos años por entidades estatales. Exigieron justicia por los llamados falsos positivos, como se denomina en Colombia los casos en que civiles ajenos al conflicto armado son reportados como abatidos en combates que no existieron.

El director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, manifestó que se pidió a la Fiscalía que haga un gran esfuerzo por llevar a la cárcel a los responsables de más de mil 400 casos reportados desde 2002.

“Pedimos que haya pesquisas eficientes, que se forme un grupo especial dedicado a esas indagatorias y que los generales sean investigados, en especial Mario Montoya –ex comandante del ejército–, quien hoy está gozando de un cargo diplomático (es embajador en República Dominicana)”, puntualizó Cepeda.

Muchos manifestantes, que lucían camisetas con fotos de sus familiares muertos, clavaron cruces blancas en los jardines de los sitios por donde pasaron. Queremos que se aclare que ellos no eran guerrilleros y que se castigue a los culpables, puntualizó una mujer.

En la manifestación participaron seis miembros de la Comisión de Ética por la Verdad en Colombia, formada por víctimas de la violencia en varios países latinoamericanos. En ese grupo estaba Mirta Baravalle, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, de Argentina.

Cepeda dijo tener información de que en días recientes se han suscitado nuevos casos de falsos positivos, y aseguró que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, mintió al afirmar que desde octubre de 2008 no ocurren esas irregularidades.

Aunque estos casos se presentan desde hace varios años, el tema comenzó a llamar la atención en septiembre pasado, cuando se descubrió que unos 23 jóvenes que habían desaparecido a comienzos de 2008, en el centro del país, estaban sepultados en fosas comunes, cerca de la frontera con Venezuela.

El gobierno destituyó entonces a 27 militares, entre ellos tres generales, y posteriormente tomó la misma determinación con 13 uniformados por otros casos similares.

Por su parte, la Fiscalía ha ordenado la detención de varios militares involucrados en casos de civiles que han sido reportados como muertos en combate y que, según familiares de las víctimas, no tenían nada que ver con el conflicto armado.

Llamado desde Ginebra

En Ginebra, el grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria exhortó al gobierno de Colombia a cesar las detenciones sin orden judicial previa e individualizada, sin ser sorprendidas en delito flagrante, así como las capturas con órdenes fundadas en elementos probatorios insuficientes, según un informe debatido en el Consejo de Derechos Humanos del organismo mundial.

En tanto, se ordenó la libertad condicional de dos supuestos líderes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Elda Neyis Mosquera García (Karina) y Raúl Agudelo Medina, a pesar de que enfrentan procesos criminales, pero considerando su decisión de convertirse en gestores de paz, según el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia.

Analistas políticos aseveraron que la decisión obedece a la estrategia gubernamental de estimular las fugas y deserciones en la insurgencia.