Bilbao, 6 de marzo. El Partido Socialista de Euskadi (PSE) obtuvo el voto mayoritario de los residentes vascos en el extranjero, producto de las elecciones del domingo pasado, y podrá sumar así un total de 25 representantes en la próxima legislatura de la comunidad autónoma, donde la organización de centroizquierda pretende aliarse con su adversario, el derechista Partido Popular (PP), que en regiones como Madrid y Valencia tiene militantes acusados de aceptar sobornos en cargos públicos.

Después del recuento de los residentes vascos en el extranjero, el PSE logró aumentar de 18 a 25 la cantidad de legisladores en el Parlamento del País Vasco, en detrimento del partido nacionalista de izquierda Eusko Alkartasuna, que perdió un diputado y se quedó con un representante.

Otros partidos izquierdistas, que habrían obtenido ocho legisladores con 100 mil votos, según cálculos divulgados por el diario vasco Gara, fueron proscritos por las autoridades español por considerar que representan intereses de la organización armada ETA.

El triunfo de los socialistas entre los vascos que residen en el exterior les ayuda a prescindir del apoyo en el Parlamento local del partido centrista y antinacionalista Unión, Progreso y Democracia.

Pese al avance, el PSE se quedó en segundo lugar de la votación general y no logró superar al Partido Nacionalista Vasco (PNV), que tendrá 30 legisladores.

El PNV, sin embargo, tampoco consiguió las 38 curules que necesitaba para ser mayoría absoluta en el Parlamento y no podrá ser llamado a formar gobierno autonómico por primera vez en 29 años.

Patxi López, líder del PSE, anunció su intención de presidir el próximo gobierno regional, pero para ello necesita la alianza de sus adversarios en el resto de la península ibérica, el PP, que coincide con revertir el proyecto soberanista que impulsó el actual presidente de la región autonómica (lehendakari), Juan José Ibarretexe.

El aliado del PSE en la región fronteriza con Francia se hará a contracorriente de los choques que los socialistas tienen en regiones como Madrid y Valencia, a causa de los sobornos que presumiblemente recibieron alcaldes militantes del PP de parte de una empresa de comunicación.

Ginés López, de Arganda del Rey, y Jesús Sepúlveda, de Pozuelo de Alarcón, anunciaron su renuncia a sus respectivos gobiernos locales y al PP un día después de que el juez Baltazar Garzón informó que a los dos funcionarios se les levantaron cargos por haber recibido ilícitamente 520 mil y 422 mil euros, respectivamente.