a visita a México del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Michael Mullen; las reuniones privadas que mantuvo con los titulares de la Secretaría de Marina, Mariano Francisco Saynez, y de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, así como las declaraciones del funcionario durante su estancia en Colombia, donde dijo que las fuerzas armadas mexicanas y estadunidenses deberían actuar mancomunadamente en la lucha contra el narcotráfico, son elementos sumamente alarmantes por cuanto refuerzan las versiones de que Washington prepara el terreno para acordar con el gobierno de Felipe Calderón el despliegue de efectivos militares de la nación vecina en territorio nacional, por vía de una ampliación de la llamada Iniciativa Mérida.

Tales sospechas se ven reforzadas por las declaraciones recientes del secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, de que algunos de los antiguos recelos contra la cooperación entre nuestros ejércitos están siendo superados; por las afirmaciones realizadas por el propio Mullen el mes pasado en el sentido de que el desastroso Plan Colombia debe ser visto como un ejemplo para México, así como por el empeño de algunos sectores de la clase política estadunidense por caracterizar a nuestro país, de manera equívoca y malintencionada, como un Estado fallido.

La situación que se comenta es indicativa de que la llamada guerra contra el narcotráfico, emprendida a inicios de la actual administración, no sólo ha resultado ineficiente para frenar la violencia en el país, sino que ha acabado por colocar a México en una incómoda posición entre Estados Unidos y Colombia, nación cuyo gobierno ha cedido a Washington grandes porciones de su soberanía en el contexto del referido acuerdo de lucha contra los cárteles de la droga. Al día de hoy existen, de hecho, elementos que apuntan a una participación cada vez mayor de efectivos policiales y militares del vecino país en labores de seguridad pública en México, como la presencia de unos 60 agentes de la DEA en territorio nacional, reconocida por el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Rico Ferrat (La Jornada, 05/03/09), y la asistencia tecnológica otorgada en el marco de la Iniciativa Mérida, lo cual supone un inevitable grado de supeditación de las autoridades mexicanas a las estadunidenses, por lo menos en lo referido a cuestiones operativas y de mantenimiento de los equipos entregados.

La posibilidad de que esta situación se profundice y amplíe, y que se llegue a la abierta participación de marines en tareas de patrullaje, significaría una renuncia inadmisible de la soberanía nacional, una aceptación de la total incapacidad de las autoridades mexicanas por hacer valer la ley y el estado de derecho, y una claudicación del principio que confiere al Estado el monopolio de la fuerza y de la violencia legítima.

Nada garantiza, por lo demás, que la aceptación de la asistencia militar en estos términos desemboque en una alianza estable con Washington, ni mucho menos en un restablecimiento de la legalidad en el país. El grupo gobernante tendría que verse en el espejo de Álvaro Uribe, quien, tras someterse a la aplicación del Plan Colombia, ha tenido que enfrentar las acusaciones de la Casa Blanca y el Capitolio por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos registradas en su nación, en episodios muchas veces relacionados con el mencionado programa de cooperación bilateral.

En suma, la presencia de soldados estadunidenses en el territorio nacional, de manera similar a lo ocurrido en el marco del Plan Colombia, implicaría para nuestro país un inaceptable retroceso en materia de seguridad, de soberanía y de vigencia de los derechos humanos, así como una evidente pérdida de capacidad para virar hacia una política de seguridad sensible a los factores sociales –miseria, desigualdad, marginación– que originan y alimentan la proliferación de expresiones delictivas. Por ello, el gobierno mexicano debe rechazar tajantemente la perspectiva de colombianizar el país.